La llegada del coronavirus ha supuesto grandes pérdidas para el sector del empleo. Más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia tienen que volver a hacer frente a una segunda ola de la pandemia que podrá suponer -y ha supuesto- el cierre de muchos de sus negocios, nuevamente. Por ello, para mitigar el impacto socioeconómico del virus, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) exige al Gobierno una campaña de prevención del contagio entre este grupo de trabajadores: “Más allá de los datos que son verdaderamente preocupantes y que tienen una grave transcendencia económica, es necesario redoblar los esfuerzos para tratar de minimizar los efectos sobre la salud de nuestros trabajadores por cuenta propia”, ha señalado Eduardo Abad, presidente de UPTA. Y es que alrededor de 183.600 trabajadores por cuenta propia – un 5,6% del total- se han visto en la necesidad de acogerse a alguna baja derivada por la situación sanitaria. De este total de bajas, el 61,4% - 112.976 trabajadores- se han producido a consecuencia de cuarentenas, mientras que el 38,6% - 71.000 trabajadores- fueron a consecuencia de contagio por coronavirus.

A pesar de que algunas de las campañas que han desarrollado las Comunidades Autónomas – de manera aislada- reflejan “muy buenos resultados”, tal y como ha puntualizado Abad, -como la reactivación del Plan Impulsa en Madrid, valorado en 7 millones de euros, otorgando ayudas de hasta 3.200 euros aquellos trabajadores afectados por la crisis, subvenciones de hasta 6.000 euros para el teletrabajo fomentadas por el Gobierno de Extremadura o el impulso de planes dotados en más de 15 millones de euros para auxiliar al sector de la hostelería, la cultura y feria por parte del Gobierno de Aragón-, este mismo considera que no son realmente suficientes, exigiendo “acciones que verdaderamente influyan en el freno de los contagios de Covid en las pequeñas actividades económicas”.

Hasta el momento, el Estado está aplicando una serie de medidas que se dieron a conocer el pasado 30 de septiembre, recogidas en el BOE. Medidas que se mantendrán en vigor hasta el próximo 31 de enero de 2021, como:

• Ayudas por el cese de actividad ordinario, especialmente destinadas para aquellos que no hayan recuperado sus ingresos o sigan manteniéndose en una situación económicamente precaria en el cuatro trimestre. Las condiciones para poder acceder a esta ayuda son haber cotizado los últimos 12 meses previos a la demanda, reflejar un descenso del 75% de la facturación en el cuatro trimestre, sin superar los 5.815 de rendimiento neto. Este subsidio es compaginable con otros trabajos de cuenta propia – siempre que la suma de ambos ingresos no supere los 2.090 euros- y de cuenta ajena – sin superar los 1.187 euros-.
• Interrupción de la actividad laboral por parte de las autoridades competentes. Para poder cobrar esta contribución, el interesado dispondrá de 15 días desde que las autoridades notifiquen la suspensión de la actividad hasta solicitarlo. Para ello es preciso llevar 30 días de alta en autónomos y cumplir los pagos estipulados en la Seguridad Social (S.S).
• Autónomos de actividad temporal. Los requisitos para percibir esta ayuda es avalar una no actividad laboral de más de 120 días anuales entre 2018 y 2019, además de no haber superado unos ingresos de 23.275 euros durante el 2020. Además, aquellos que no manifestaron ningún tipo de ingreso ni actividad entre marzo y mayo de este año, como aquellos no hayan percibido ninguna prestación de la SS entre enero y junio de 2020 – a excepción de las permitidas y acomodables con su actividad- podrán también ser beneficiarios de la ayuda.
• Por otro lado, los peticionarios que no cumplan con las condiciones anteriores podrán requerir la ayuda por ingresos bajos, siempre y cuando demuestren que sus ingresos en este cuarto trimestre de 2020 han disminuido un 50% en relatividad al primer trimestre.

Con el cometido de aspirar a un futuro de mayor calidad y de grandes aspiraciones, la UPTA, el pasado 9 de diciembre, ya notificó su descontento al Gobierno exponiendo un plan de reconversión del trabajo autónomo valorado en 14. 000 millones de euros. Un plan que busca acabar con la “gran mentira estadística” en el que se constituye la actividad y los derechos laborales de estos autónomos. A través de nueve ejes – digitalización, dimensión de la actividad económica, sectorialización y especialización, formación y gestión del talento, innovación y resiliencia, planificación empresarial, sostenibilidad, modificación del sistema de cotización a la Seguridad Social y transformación fiscal- la UPTA propone una solución a la escasa previsión e implicación política.