Una vez más, el Psoe ha cedido a las prisas de su socio morado con tal de evitar tensiones y por tanto, previsiblemente entre los días 22 y 29 de este mes de diciembre se presentará la Ley Antidesahucios, de Jose Luis Ábalos. El titular de Transporte, Movilidad y Vivienda, José Luis Ábalos, a quien compete la elaboración de los postulados de la Ley que estaba prevista ser anunciada en marzo, ha mostrado una vez más, templanza ante el minoritario socio morado del Gobierno, muy preocupado de acaparar titulares de prensa antes de que acabe el año. El Decreto supone una ampliación de otro ya existente que solo recogía la paralización de desahucios para aquellas familias que se encontraran en situación de vulnerabilidad debida a la crisis de la pandemia.

Con este enunciado, que estaba ya previsto, se empezarán a paralizar los desalojos para todas aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad ya sea o no derivada de la pandemia. El punto, donde más ha tenido que ceder el ministro Ábalos, responsable de elaborar la Ley, era incluir en el Decreto también a aquellas personas que no tuvieran ni contrato de alquiler legal, ni propiedad de la vivienda, es decir, los okupas. Ante la cabezonería de Iglesias, a quien realmente no compete este asunto, Ábalos ha incluido en el acuerdo la posibilidad de que los pequeños propietarios, puedan solicitar una compensación económica si demuestran que la situación les ha causado un perjuicio económico. Hecho también extendible para los grandes tenedores, normalmente bancos o fondos de inversión, ya que de otro modo se hubiera violado la ley de la propiedad privada. Con este apéndice, Ábalos ha cedido en que la ley, que bien podría haber esperado a marzo, se haya anunciado estos días.

Éste asunto, ha estado plagado de deslealtades por parte de la formación morada, que no terminan de acostumbrarse a que no se puede, estar en el Gobierno y en la oposición a la vez, debido a su falta de experiencia en la Administración Pública. La confusión de los morados alcanzó su culmen cuando Podemos incluso cometió el error de bulto, de presentar ante el Congreso una enmienda a sus propios Presupuestos Generales del Estado, firmados por ellos mismos. El objetivo no era otro sino salir en la foto con Bildu y ERC, de quien quieren atribuirse los votos de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, negociados desde hace meses por la titular de Hacienda, Maria Jesús Montero. La ministra andaluza, a la que compete confeccionar y negociar los PGE se apuntó un buen tanto al conseguir aglutinar 188 votos a favor de más de diez partidos, tras varias reuniones con todos los grupos de la cámara, incluidos los regionalistas y los independentistas.

Una vez más las prisas y el ansia de foto mediático, pesó más en los morados que la debida la lealtad al acuerdo que tienen firmado con los socialistas por el que ambos grupos parlamentarios se comprometieron a no presentar enmiendas legislativas en el Congreso sin comunicarselo previamente a la otra parte y también, una vez mas el Gobierno de Sánchez tuvo que poner en marcha su templanza y paciencia negociadora y con la vicepresidencia de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el Ministerio de Justicia dirigido por Juan Carlos Campo, ambos socialistas, consiguieron instrumentalizar a toda prisa la ley para que los socios salieran en la foto antes de acabar el año y todos tan contentos. La aprobación de la medida está prevista para antes de que acabe el año, por tanto, se llevará al Consejo de Ministros del 22 o del 29 de diciembre.

El decreto también contempla el caso de que los inquilinos no tengan contrato o título de propiedad, es decir los Okupas, sobre la vivienda y que afecta directamente a los grandes tenedores. Esta era una condición en la que el líder morado y vicepresidente segundo de asuntos sociales, había puesto mucho empeño, ya que su grupo político, habían hecho campaña pidiendo el derecho a la Okupación ilegal de las viviendas y obviamente se trataba de uno de los puntos más difíciles de sortear legalmente, ya que atentan directamente contra el derecho a la propiedad privada, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Finalmente entre Economía, de Calviño, y el ministerio de Justicia, de Campos, han conseguido incluir la compensación económica para no violar la ley.

Por tanto, el texto recogerá la posibilidad de recibir una compensación económica para aquellos grandes tenedores que puedan demostrar un perjuicio económico por el impago del importe establecido. Esto se podrá solicitar tanto para aquellos casos en los que se paralice un desahucio de una persona con contrato de arrendamiento como para aquellas familias vulnerables que okupen una casa sin contrato, o bien porque nunca lo han tenido o bien porque éste haya vencido. Este último punto, de dudosa legalidad, ha obligado a hacer juegos malabares al ministro de Justicia para poder encajar todos los aspectos del Decreto dentro del cumplimiento de la ley.

En sus prisas por apuntarse el tanto antes de que acabe el año, Iglesias espera que la medida se apruebe el próximo martes pero el ministro de Transportes ha enviado el borrador a la comisión de secretarios para que otros Ministerios analicen si es necesario cambiar algunos puntos, lo que retrasaría su aprobación una semana, según explicaba Ábalos.

Aún así y todo, pedir la paralización de un desahucio en el caso de no poseer título legal será más complicado que en los casos que estén regulados. Estas personas no solo tendrán que contar con un informe de los servicios sociales que acredite su situación de vulnerabilidad, que presentarán ante un juez, sino que también este texto tendrá que recoger que los okupantes han entrado en la vivienda “por una situación de extrema necesidad” y será necesario que muestren su colaboración con las autoridades para buscar una vivienda alternativa. Además, los jueces no podrán paralizar el desalojo si se ha utilizado alguna forma de violencia para okupar el inmueble sobre personas, si se conoce que el espacio se está utilizando para fines ilícitos o si forma parte de un conjunto de viviendas sociales y ya fue asignada a otra persona. El desalojo tampoco se podrá paralizar si el propietario demuestra que el lugar es su primera o segunda residencia o la de otra persona cedida a través de un título legal.

Si se cumplen todos los requisitos necesarios, el desahucio quedará paralizado por un periodo de tres meses que debería ser suficiente para que las comunidades autónomas encuentren una “vivienda digna”, y no un albergue, en el que la familia se pueda alojar. Mientras no exista esta posibilidad de ser realojados, no podrán ser expulsados de la casa, aunque siempre dentro de este periodo trimestral. Si estos tres meses pasaran y las comunidades no encontraran una alternativa habitacional, entonces los grandes tenedores podrían solicitar la compensación económica. Deberán demostrar, no solo la situación de perjuicio económico, sino que la vivienda estaba listada con anterioridad a su ocupación para su alquiler o venta.

Estas compensaciones también se recogen para aquellos casos en los que sí exista un contrato legal sobre la vivienda. Las personas afectadas que tienen un contrato de alquiler o hipoteca sobre la vivienda podrán alegar la situación de vulnerabilidad ante un juez mediante un informe de los servicios sociales u otro tipo de documentación, por ejemplo, un despido, y, si el magistrado lo acredita, no podrán ser expulsados de sus casas hasta, de momento, el fin del Estado de Alarma. Por lo tanto, aquí el periodo no se limita únicamente a tres meses. Asimismo, los pequeños y grandes tenedores tendrán derecho a solicitar la compensación a las Administraciones. Estas ayudas, en cualquiera de los casos, serán calculadas sobre el índice de referencia estatal o los criterios estadísticos similares que utilice cada comunidad.

Transportes y Agenda Urbana, aun tiene pendiente modificar el Plan Estatal de Vivienda para que cada Comunidad Autónoma utilice los fondos de este programa a la hora de repartir las compensaciones a los propietarios.

Este Decreto supone una ampliación de la prohibición de los desahucios hasta el fin del estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo. Además, Podemos aun está a la espera de la paralización del corte de suministros básicos (agua, luz y gas) para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Esta paralización estaba vigente hasta el pasado septiembre cuando no se renovó y el partido morado quiere recuperarla. En este caso, las negociaciones son competencia del departamento dirigido por la socialista Teresa Ribera de Transición Ecológica.