El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a casi 160.000 hogares en el Ingreso Mínimo Vital, lo que suponen más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores. De esta forma, la prestación llegará a casi medio millón de familias en este mes de diciembre.

Los hogares beneficiarios recibirán en los próximos días el importe del pago correspondiente en la nómina de diciembre. El importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.

A las más de 460.000 personas a las que llega esta ayuda representan el 85% de las 550.000 beneficiarias de las rentas mínimas de las autonomías de régimen común a finales de 2019. Esta cifra, según Escrivá, debe tenerse en cuenta ya que en estos seis primeros meses, el subsidio ha igualado, e incluso superado el número de beneficiarios de otras ayudas de este carácter en distintas autonomías.

En este sentido, el ministro ha recordado que en los seis primeros meses de existencia de esta prestación se han recibido 1,1 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, de estas solicitudes, 56.000 estaban duplicadas, lo que supone que las realmente válidas eran algo más de un millón.

En estos seis primeros meses, la Seguridad Social ha tramitado casi el 80% de los expedientes llegados, por lo que se han gestionado cerca de 800.000 solicitudes, un número que duplica la de las pensiones contributivas que se gestionan en todo un año. No obstante, alrededor del 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, la mayoría por superar los niveles de renta y patrimonio.

Aun así, aún quedan pendientes de tramitación 271.000 expedientes, gran parte de ellos recibidos en las últimas semanas, ya que la Seguridad Social continúa recibiendo unos 12.000 nuevos expedientes de solicitud a la semana.

Sin embargo, tras el rechazo de casi el 50% de las solicitudes ya tramitadas, la cifra final de hogares que llegarán a recibir el Ingreso Mínimo Vital quedará muy lejos de los 850.000 previstos inicialmente por Escrivá esta misma semana.

Aun así, el ministro ha manifestado que esta prestación va a ser un “éxito”, debido a que después de 20 años de rentas mínimas autonómicas, sin contar los territorios de régimen común “no llegaban a las 200.000 rentas mínimas”, mientras que el Gobierno “en seis meses, ya ha concedido 160.000”.

Perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas

Por primera vez, entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se encuentran perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas, los cuales han sido beneficiarios reconocidos a través de una pasarela desarrollada por el intercambio de datos entre administraciones. Esto viene tras una prueba piloto que se está realizando en la comunidad de Aragón con el fin de identificar a los beneficiarios que cumplen los requisitos para poder cobrar esta prestación y de esta manera, poder llevar a cabo su reconocimiento sin necesidad de que tengan que realizar una solicitud de prestación.

Esta prueba piloto ha contado con un gran éxito, por lo que se espera extender esta pasarela a otras comunidades autónomas con el objetivo de facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital.

Colectivos sociales y afectados exigen cambios urgentes

El colectivo RMI Tu Derecho organizó una concentración este martes en Nuevos Ministerios, a la que han acudido una veintena de personas, con el fin de entregar una carta dirigida a Escrivá. El escrito, que reúne 1.044 firmas entre colectivos sociales y personas individuales, reclama modificaciones inmediatas del Ingreso Mínimo Vital en cuestiones relacionadas con el límite máximo de dos ingresos mínimos por domicilio, la discriminación económica a familias monoparentales con cinco o más miembros y las condiciones de acceso para los menores de 23 años, entre otras cuestiones.

“La protesta pretende visibilizar, además de los problemas de gestión que ya han salido más en la prensa, que la propia prestación es muy excluyente. Hay requisitos absurdos que dejan fuera a personas empobrecidas, pero además algunas de las que están peor situación”, ha comentado Luismi Sáenz, uno de los miembros de la plataforma. El activista explica la gran frustración y desasosiego que viven los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital con los que colaboran en RMI Tu derecho: “el ingreso mínimo vital ha pasado de ser una esperanza a una fuente de dolor y de indignación”.

“Muchas personas se encuentran entre la espada y la pared, hay muchas denegaciones o inadmisiones, que ahora hay que recurrir, muchos no saben cómo hacerlo, se les pasan los plazos... Lo urgente ahora es modificar esta ley, más allá de las ideas de rentas que tengamos cada uno en la mente, lo inmediato es arreglar esto, que se eliminen estas exclusiones tan injustas”, han destacado desde RMI Tu Derecho.

Nuevas mejoras en la unidad de convivencia

Por su parte, el ministro ha recordado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ingreso Mínimo Vital es una norma “en continua evolución”. Escrivá ha adelantado que “en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, sobre todo entre las personas en una situación económica difícil que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a compartir vivienda.

En este sentido, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. “También trabajaremos con las organizaciones del Tercer Sector”, ha comentado el ministro.

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también se encuentra la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…).