Juan Carlos I ha presentado este miércoles ante la Autoridad Tributaria una declaración voluntaria y “sin requerimiento previo”, en la que constata el abono de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, según ha transmitido en un comunicado su abogado, Javier Sánchez-Junco. De esta manera, el Rey emérito regulariza las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018, en relación con la utilización de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause. Este asunto está siendo examinado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, al que también se suman otras dos investigaciones abiertas al monarca, la primera por posibles comisiones del AVE a la Meca y la segunda por una presunta fortuna en un paraíso fiscal en Jersey que podría derivar en otros delitos fiscales.
Con el fin de evitar la vía penal, el rey Juan Carlos I ha presentado este miércoles una declaración voluntaria y “sin requerimiento previo” ante Hacienda, por un importe de 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal por la imputación de delitos fiscales relacionados con el uso de las tarjetas opacas o tarjetas black, que utilizó en su propio beneficio y en el de su familia.
De esta manera, el ex jefe del Estado regulariza los fondos que recibió desde 2016 hasta 2018 por parte del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y que gastó utilizando como posible testaferro al coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza. Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también participa el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La Fiscalía Anticorrupción ha interrogado tanto a Sanginés-Krause como a Murga Mendoza por haber sido cómplices y colaboradores de Juan Carlos I. Según la investigación llevada a cabo por el Alto Tribunal, el Rey y sus familiares (entre los que no se encuentran los Reyes actuales) utilizaron los fondos para pagar viajes, hoteles y restaurantes en 2016, 2017 y 2018.
En el comunicado hecho público este miércoles por su abogado, el penalista Javier Sánchez Junco, se sostiene que “S.M. el Rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 incluyendo intereses y recargos”.
En este sentido, el pago que ha anunciado el monarca incluye tanto la deuda tributaria como los “intereses y recargos” que su letrado expone en el comunicado. Con este concepto se hace referencia a los intereses demorados (un 5%) y los intereses por pago fuera de plazo (20% si han pasado más de 12 meses desde que terminó el plazo oficial para presentar declaración). A continuación, Hacienda deberá estudiar la regularización de la situación fiscal, además de analizar la documentación que fue presentada anteriormente por Juan Carlos I, comprobando que sea legítima y veraz.
Don Juan Carlos I se acoge al artículo 305.4 del Código Penal que establece que “se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
Desde GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha señalado que esta regularización absuelve al ex jefe del Estado de delito fiscal, pero no de otro posible delito relacionado con el uso u origen de estos fondos. Asimismo, el sindicato constata que si se destapasen más fondos que no han sido declarados, esta regularización quedaría anulada.
Primeros comentarios sobre el asunto
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la primera persona del Gobierno en manifestarse sobre la declaración presentada a la Autoridad Tributaria por Juan Carlos I. “Él sabrá lo que tiene que hacer”, ha establecido este miércoles ante los medios.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comentado que la investigación sobre el Rey emérito “tiene que acabar con transparencia hasta el final”, y además ha pedido respetar la presunción de inocencia y los derechos del Rey emérito como contribuyente.
Sin embargo, desde Unidas Podemos han sido más críticos. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que el dinero que el ex jefe del Estado ha pagado a Hacienda se corresponde a 51 años de salario mínimo interprofesional, declarando que es una “vergüenza internacional”.
Edmundo Bal, el portavoz de Ciudadanos, también se ha sumado a las críticas hacia Juan Carlos I, indicando que su comportamiento es “moralmente reprobable”.
Por otro lado, el Partido Popular, se ha mostrado comprensivo con don Juan Carlos I y ha mostrado su “respeto” por la decisión del Rey, reivindicando “su legado como artífice de la Democracia española”.
Otras investigaciones abiertas del monarca
La investigación sobre los gastos realizados con las tarjetas opacas y que no habían sido declarados a Hacienda, se une a otras dos investigaciones al Rey emérito que se encuentran abiertas.
La primera de ellas consiste en posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca, aunque lo más probable es que sea archivada por no encontrar indicios que acusen a Juan Carlos I. Esta investigación nació en la Audiencia Nacional con una grabación del comisario Villarejo a la amiga del rey, la empresaria Corinna Larsen.
Por otro lado, la segunda investigación, revelada por la propia discal general del Estado, Dolores Delgado, surgió de una información de “inteligencia financiera”, por una presunta fortuna en un paraíso fiscal en Jersey. Se trataría de conductas inclinadas al blanqueo de capitales que podrían derivar en delitos fiscales. Esta investigación acusa al ex jefe del Estado de poseer casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey y que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un ‘trust’ en el que figura el ex jefe del Estado como beneficiario.