Dolores Delgado, la Fiscal General del Estado, propone realizar una renovación en el sistema de nombramiento del Fiscal General, acorde a las obligaciones requeridas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Una modificación que reforzará la autonomía del Fiscal respecto al Gobierno -suprimiendo el proceso de nombramiento vigente desde 1978, en el cual el Gobierno es el encargado de designarlo- y quedaría liberado de la obligación de acudir ante el Consejo de Ministros en caso de ser solicitado a informar y garantizará su continuidad en el puesto en el caso de cese del Gobierno de turno.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado , ha propuesto reformar el sistema de nombramiento del Fiscal General como principal medida para hacer frente al Antreproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) . Un planteamiento que comunicó a las asociaciones fiscales -Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) - en una reunión telemática celebrada a lo largo de la tarde de este jueves. Este cambio garantizará el compromiso de la Fiscalía de asumir “el liderazgo en la organización del trabajo que se pondrá en marcha como consecuencia de la presentación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que abordará también los términos en que haya de afrontarse la reforma de su Estatuto Orgánico para dotar a la Fiscalía de un estatus de autonomía reforzada” .
Esta autonomía, respecto al Gobierno -del cual depende su nombramiento en la actualidad-, permitirá fijar y redefinir “la estructura, competencias y funciones de la institución” ; tal y como señaló la Fiscal General, Dolores Delgado en la sesión, con la finalidad de promover una línea de comunicaciones transparentes y publicitarias entre el Gobierno y la Fiscalía General . Para ello, las asociaciones fiscales participantes insistieron en la necesidad de aumentar el mandato del fiscal general a 5 años, asegurando una desvinculación entre el Gobierno y este en caso de cese del primero, además de contar con el favor de una mayoría reforzada del Congreso, al cual no deberá de acudir en caso de ser -el fiscal general- llamado a informar . Por otro lado, AF, UPF y APIF también sugirieron el suministro de medios -materiales y humanos- al Ministerio Fiscal para salvaguardar todas las obligaciones de la LECrim.
Por su parte, y atendiendo a las sugerencias de las asociaciones, Delgado también presentó otras medidas más concretas que podrían facilitar esta autonomía, como:
La garantía de competencias a la Fiscalía de índole administrativo y estatutario de los integrantes de la carrera fiscal (Autonomía organizativa ).
La constitución de un presupuesto particular que salvaguarde los medios y las facultades para la gestión (Autonomía presupuestaria ).
El fomento de una mayor capacidad reglamentaria (Autonomía normativa ).
La formación de competencias exclusivas o compartidas con el Consejo General del Poder Judicial (Autonomía formativa ).
Para garantizar la efectividad de todas estas aportaciones, la Fiscal General del Estado recordó que, pese a ser ella quien asumirá dicho liderazgo, esta reforma procesal solo es factible con el “compromiso proactivo de todos” los integrantes del Ministerio . Es por ello por lo que se elaborarán diversos grupos de trabajo que permitan la consecución de estos objetivos de la forma más eficiente posible e inmediata.