PSOE y UP, han adelantado un par de mese, el anuncio del decreto anti-desahucios que se alargará hasta el fin del actual estado de alarma el 9 de mayo. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, del PSOE, ha adelantado, tal como pedía el socio morado, Pablo Iglesias, el anuncio de una Ley que estaba acordada ser puesta en marcha en febrero. Este decreto prohibirá los desalojos de aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica, ya sea o no causada por la crisis del coronavirus, hasta que las comunidades autónomas ofrezcan una alternativa habitacional digna.

El decreto permite también que, aquellas personas que habiten en una casa sin contrato tampoco puedan ser expulsadas de su vivienda, siempre que esta pertenezca a un gran propietario (con más de una decena de propiedades). En este caso, la paralización durará tres meses, periodo en el que las Comunidades Autónomas tendrán que realojar a los afectados en una “vivienda digna”. Iglesias ya ha adelantado en una entrevista para TVE que renegociará estas medidas una vez finalice el estado de alarma para mantenerlas.

Esta medida es una ampliación de otra que ya estaba en vigor y que el partido de Iglesias consideraba insuficiente, que ya se había prorrogado en dos ocasiones, actualmente hasta el 31 de enero. El texto original se limitaba a la paralización de los desahucios solo para aquellas personas con un contrato de alquiler que se encontraran en una situación de impago derivada de la crisis pandémica. Iglesias exigía no solo una prorroga de esta medida, sino también una ampliación de la misma para cubrir todas las situaciones de vulnerabilidad económica tanto en materia de arrendamiento como de hipotecados. Además, hacía especial hincapié en la prohibición de los desalojos en el caso de grandes tenedores, propietarios de más de una decena de viviendas que, en muchos casos, son bancos o fondos de inversión.

De esta forma, los desahucios quedarán paralizados en aquellas situaciones de vulnerabilidad económica que se hayan dado no solo durante la pandemia, sino también antes de esta. Las personas afectadas que tienen un contrato de alquiler o hipoteca sobre la vivienda podrán alegar la situación de vulnerabilidad ante un juez mediante un informe de los servicios sociales u otro tipo de documentación, por ejemplo, un despido, y, si el magistrado lo acredita, no podrán ser expulsados de sus casas hasta, de momento, el fin del estado de alarma.

Ahora bien, el decreto también contempla el caso de que los inquilinos no tengan contrato o título de propiedad sobre la vivienda y que afecta directamente a los grandes tenedores. En este caso, la paralización del desahucio solo se hará vigente si el domicilio pertenece a un gran propietario y por un tiempo limitado de tres meses. Este periodo debería ser suficiente para que las comunidades autónomas encuentren una “vivienda digna”, y no un albergue, en el que la familia se pueda alojar. Mientras no exista esta posibilidad de ser realojados, no podrán ser expulsados de la casa, aunque siempre dentro de este periodo trimestral. Desde el Gobierno consideran que esta medida solo se puede aplicar a los grandes propietarios porque el impago a un tenedor pequeño podría causar, a su vez, una situación de vulnerabilidad al mismo.

Aun no se establece cómo garantizarán este realojo a las personas en esta situación, pero recaerá en manos de las Comunidades Autónomas, que serán las encargadas de encontrar un nuevo domicilio haciendo uso de los fondos del Plan de Recuperación destinados al departamento de Vivienda. Se tiene aun que concretar la fórmula técnica y jurídica que se seguirá en estos casos, para lo que será necesario un trabajo en cooperación entre las Administraciones regionales y los servicios sociales.

PABLO IGLESIAS RENEGOCIARÁ EL PACTO CUANDO ACABE EL ESTADO DE ALARMA

Iglesias había presionado a sus socios de Gobierno desde el comienzo de la pandemia para lograr alcanzar un pacto de estas características, lo que llevó a causar un gran malestar en las filas socialistas tras su intento de presentar esta enmienda dentro de los Presupuestos Generales del Estado junto a ERC y EH Bildu.

Ahora, en una entrevista para TVE, el vicepresidente afirma su posición de mantener estas medidas una vez se levante el estado de alarma, previsiblemente el 9 de mayo. “Cuando lleguemos a mayo creo que habrá que volver a discutir si a partir de ese momento tiene sentido dejar a las personas en situación de vulnerabilidad en la calle”, afirmaba.

El líder de Podemos todavía se mantiene en negociaciones para prohibir los cortes de suministros para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, una medida que se paralizó en septiembre y que quiere recuperar. Estas negociaciones son competencia del departamento dirigido por la socialista Teresa Ribera de Transición Ecológica, y parece ser que podría salir adelante en las próximas semanas.