Amnistía Internacional (AI) ha publicado este jueves un nuevo informe llamado "Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia Covid-19 en España". Esta investigación denuncia las medidas “ineficientes e inadecuadas” adoptadas por las autoridades para hacer frente a la pandemia de Covid-19, que han llegado a vulnerar “al menos cinco derechos humanos” de las personas ancianas que viven en las residencias.

“En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna”, declara el director de AI en España, Esteban Beltrán.

Asimismo, este informe denuncia la falta en la contrastación de datos. Un borrador del Ministerio de Derechos Sociales de los últimos días notifica 20.268 muertes en residencias durante la primera ola; Médicos Sin Fronteras, por su parte, estima que son 19.645; sin embargo, el Ministerio de Sanidad estableció en junio que eran más de 27.000 los fallecidos en estos centros sociosanitarios.

“A fecha de 15 de noviembre de 2020, 40.749 personas han fallecido por Covid-19 en España según datos del Ministerio de Sanidad. En un primer momento, diversos estudios estimaron que alrededor del 70% falleció en residencias de personas mayores. Ahora mismo, se está a la espera de que el Gobierno central publique un informe que situaría este porcentaje entre el 50 y el 47%”, denuncia la organización.

El estudio establece que la negación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España: “la década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria”.

Se centra concretamente en las residencias de Madrid y Cataluña, asegurando que son las dos regiones del país donde se han observado en mayor medida los efectos del desmantelamiento del sistema sanitario durante la primera ola. Había falta de protección en el personal que trabajaba en los centros y muchos residentes no tenían la asistencia sanitaria adecuada, ya que se les negaba el traslado a los hospitales y cuando se encontraban en las residencias tampoco recibieron el trato necesario. Además, a estas personas se les prohibía el derecho a una comunicación con el mundo exterior y con sus familias.

Personal sin protección ni recursos

El coronavirus llegó con mucha rapidez a las residencias y también se esparció de manera muy rápida, ya que el personal trabajador se encuentra en continuo contacto con los residentes y no contaban con el material de protección ni con los recursos adecuados. Esta falta de protección supuso numerosas bajas en el personal.

“Ya que no nos daban EPIS, optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico, no hemos tenido ningún tipo de protección”, declara Diana, una trabajadora de una residencia pública de Madrid.

Sin posibilidad de traslado al hospital

Además de acusar esta falta de personal, AI ha asegurado que tanto la Generalitat como el Gobierno de la Comunidad de Madrid “fracasaron” con sus medidas, al no garantizar la asistencia médica sanitaria adecuada.

La organización ha denunciado que hubo ancianos que “no pudieron acceder” al tratamiento necesario y que hubo momentos “donde no se hicieron ingresos hospitalarios y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya de forma fatalmente tarde”. “Esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos”, subraya la organización.

Confinamiento indefinido en las habitaciones

Lo peor no acaba aquí. En el momento más duro de la pandemia, los ancianos residentes se encontraron encerrados en sus habitantes durante periodos indefinidos de tiempo, incluso llegando a estar semanas seguidas. El encierro en las residencias debido a la situación sanitaria, acompañado la mayoría de las veces con el confinamiento de los residentes en sus habitaciones, supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas residentes. Además, a esto debe añadirse la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales y autonómicas y la prohibición de las visitas por parte de las familias.

“La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento por sospecha de Covid-19 de residentes produjeron un evidente deterioro en las personas residentes no solo físico, sino también emocional. Hemos documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital en situación de deshidratación y desnutrición; en muy mal estado”, concluye el director de IA.

A tiempo de reconducir la segunda ola

La situación de las residencias en la segunda ola sigue siendo “alarmante”. Aún siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares, no se han modificado los protocolos de derivaciones de las personas mayores a los hospitales, y tampoco se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.

En este contexto, las comunidades, y en concreto Madrid y Cataluña, deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respete los derechos humanos, sobre todo los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias.

A corto plazo, IA establece que es necesario que se eliminen “las disposiciones de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid que pueden dar lugar a medidas discriminatorias. Además, el contacto regular de familiares y residentes debe estar garantizado”.

Más a largo plazo, la organización estima oportuno que el Gobierno impulse una ley que establezca un modelo residencial que garantice los derechos humanos de todas las personas mayores que residan en estos centros sociosanitarios en todo el país. “Asimismo la Fiscalía y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades”, ha concluido AI.