El juez José de la Mata, encargado de investigar el caso de los papeles de Bárcenas con el entramado de la “Caja B” del PP, ha abierto una nueva línea de investigación que involucra al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre. Esta decisión fue tomada en un auto el pasado 25 de noviembre cuando el magistrado de la Audiencia Nacional recibió un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que señalaba irregularidades en la adjudicación de un proyecto para el Canal de Isabel II en 2008. Concretamente, el empresario Rafael Palencia de la empresa de depuradoras Degremont firmó cinco contratos con el Canal por valor de 23’59 millones de euros y una duración de dos años para depurar las aguas residuales del canal.

Las nuevas diligencias se abren a raíz de una conversación recogida entre Palencia y el director gerente del Canal en el momento, Ildefonso de Miguel, en la que el empresario muestra interés sobre la adjudicación del proyecto. Esta llamada se habría realizado bajo petición anterior de Bárcenas que habría solicitado a de Miguel aceptar la adjudicación durante la presidencia de Aguirre en la capital madrileña. La conversación ahora se ha incorporado a la causa y el juez pide recabar información sobre el proyecto, considerando la petición de la Policía como “pertinente”.

La UDEF ha solicitado al magistrado que recoja el expediente de contratación del concurso que se dividió en cinco lotes, con especial atención en el Lote VI Grupo el Plantío. Los otros, Grupo Alcalá Este, Grupo Alcalá Oeste, Grupo Sotogutierrez y Grupo Guadarrama Medio, también serán investigados, así como “el alcance de las pretensiones que mostró Palencia sobre la adjudicación de alguno de los lotes” según recoge el escrito del ministerio público del 24 de noviembre. El juez a su vez ha solicitado: las actas de contratación, el informe de valoración de la propuesta de Degremont, la resolución de la adjudicación, el pliego de las causas administrativas y de condiciones técnicas y el certificado de las actuaciones en las que intervino Ildefonso de Miguel.

Los nombres de Rafael Palencia e Ildefonso de Miguel no son desconocidos ya que continúan apareciendo en el entramado de la investigación. De Miguel pasó a convertirse en hombre de confianza del que sería el sucesor de Esperanza Aguirre, Ignacio González, y está siendo procesado en el caso Lezo por recibir comisiones ilícitas a través del Canal de Isabel II. Las empresas de Palencia se ven constantemente involucradas en la adjudicación de proyectos por parte de entidades públicas que luego habrían servido para inyectar dinero directamente al PP. Tres contratos más se encuentran bajo sospecha, uno con la depuradora de La Gavia, otro con la depuradora Viveros de La Villa y el último sobre la redacción de un proyecto de construcción de una depuradora en Monte Boyal.

En última instancia, la investigación pretende averiguar si el extesorero del PP, Luis Bárcenas, habría implementado “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el PP y para ellos mismos a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones”. Este entramado se habría gestado junto a Álvaro Lapuerta, tesorero de los populares entre 1993 y 2008, y Francisco Correa, líder de la trama Gürtel. Los tres se habrían puesto en contacto con las empresas involucradas para recibir dinero en forma de supuestas donaciones que se recogía directamente en los fondos del partido a cambio de realizar adjudicaciones públicas en distintos proyectos.

El magistrado mantiene que “existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas”. Por el momento, la Policía recaba las pruebas del supuesto delito de cohecho y ya involucran en la investigación al expresidente del Gobierno, José María Aznar, por la adjudicación de contratos de cinco ministerios diferentes con valor de 570 millones de euros.