La ministra de Educación, Isabel Celaá, estuvo este domingo en La Sexta en la que ha respondido a las polémicas marcadas por la oposición a la Ley Celaá. La eliminación del castellano como lengua vehicular, los cambios en la escuela concertada y la supuesta eliminación de la educación especial han marcado las protestas apoyadas por Vox, PP y Ciudadanos. Celaá mantiene que la ley pretende acabar con “los desequilibrios” marcados por la anterior ley, la LOMCE, que permitía a algunos alumnos prosperar mientras dejaba a otros atrás. Mantiene que “no toda la concertada es igual” y que “la educación no es un negocio”. Por ello, la ley elimina los pagos de los padres para la escuela concertada por aquellos servicios educativos que son completamente gratuitos. Asimismo, la ministra ha señalado que, no solo no se van a eliminar los centros de educación especial, sino que se va a aumentar el apoyo para convertirlos en escuelas de referencia. El objetivo, en este caso, es hacer un trasvase de aquellos alumnos con necesidades especiales que se podrían incorporar a centros ordinarios si contarán con los medios expertos necesarios. Los centros “van a mantenerse con toda rotundidad”, ya que “es la obligación de las Administraciones Públicas” y se aumentará la inversión en la educación pública para lograrlo. “La educación es una inversión clarísima, una inversión en las personas, una inversión de futuro para una sociedad”, zanjaba.
Isabel Celaá ha vuelto a salir en defensa de la nueva ley educativa aprobada por mayoría en el Congreso hace dos semanas en una entrevista para La Sexta. La conocida como Ley Celaá se ha posicionado en el punto de mira por presentar algunos cambios considerados como polémicos por algunos sectores defendidos por PP, Ciudadanos y Vox. Entre ellos se encuentran los cambios en la escuela concertada, la eliminación del castellano como lengua vehicular y la supuesta eliminación de las escuelas especiales. La ministra de educación ha explicado que el texto apuesta por la “equidad y excelencia” que pretende acabar con “los desequilibrios” de la ley anterior, la LOMCE, y permitir que todos los alumnos puedan avanzar en materias de igualdad.
“Esta ley está en las antípodas de la LOMCE”, explica Celaá ya que “cambia la filosofía absolutamente” y busca un sistema educativo en materias de “equidad y excelencia”. Mantiene que la LOMCE permitía que los niños que ya nacían con esa excelencia pudieran prosperar en su educación mientras que, los que no tenían esa suerte, quedaran atrás. La ley busca que cada alumno “pueda ser escolarizado con éxito sean cuales sean sus condicionamientos de origen” y, asimismo, todos sean capaces de “llevarlo a su conclusión con éxito”.
Así, la ministra defendía los cambios impuestos en la escuela concertada que buscan acabar con la segregación que se ha mantenido hasta ahora en la educación española. La ley impide que los padres paguen tasas a los centros por todas aquellas materias de la educación que son completamente gratuitas. También exige que haya una equidad a la hora de la matriculación del alumnado y que los centros acepten lo que se conoce como matrícula viva, normalmente formada por alumnos que llegan con el curso ya empezado tras emigrar desde otro país y que acaban, casi en su totalidad, en escuelas públicas. De esta forma, los padres y las Administraciones tendrán prioridad a la hora de seleccionar los centros para sus hijos, negando la idea que mantienen desde los partidos de derecha y ultraderecha y las propias escuelas concertadas, que afirman que se está eliminando este derecho de libertad a los padres. “La libertad de enseñanza está perfectamente y consagrada en el proyecto de ley”, zanjaba.
“No toda la concertada es igual”, adevertía Celaá, “esto no es un negocio”, continua. La ministra subrayaba la existencia de estos desequilibrios que son “imprescindibles retirar” y la importancia de que todos los alumnos y no solo unos pocos puedan avanzar en su educación para representar el “pluralismo de la sociedad”.
Sobre la escuela especial, recordaba que es mentira que se vaya a eliminar y subrayaba que recibirán aún más apoyo para convertirlos en “importantes centros y referencia por el patrimonio de conocimiento que llevan acumulando estos años” para los niños con necesidades especiales. Explica que se ha desarrollado un plan con un plazo de 10 años para que los centros ordinarios se puedan equipar de los recursos expertos para atender al desarrollo y la inclusión de las personas con necesidades especiales. “Ambos van a mantenerse con toda rotundidad” ya que “es la obligación de las Administraciones Públicas”, afirmaba Celaá sobre los centros ordinarios y especiales. El objetivo de este trasvase no es acabar con los centros especiales, sino acabar con la falta de inclusión de los niños con necesidades especiales que pueden incorporarse a centros ordinarios con el equipamiento necesario. Ahora, el 83% de los niños con discapacidades acuden a centros especiales, recordaba la ministra.
“La educación es una inversión clarísima, una inversión en las personas, una inversión de futuro para una sociedad”. Celaá explicaba que uno de los objetivos de la nueva ley es aumentar la inversión del PIB en la educación pública al 5% que ha ido disminuyendo a lo largo de los años pasando de un 10 hasta apenas un 4%. “La educación en su conjunto necesita mucha inversión”, recalcaba y mantenía el compromiso que tiene el Gobierno por dotar al sistema de fondos para poder llevar a cabo los planes marcados por la ley.