El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior ha publicado recientemente el balance de las actuaciones realizadas el pasado año en relación a delitos relacionados con la trata de seres humanos. La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2019 a un total de 1.561 personas víctimas de explotación. De estas personas, 523 eran víctimas con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, matrimonios forzados y para la comisión de delitos; y 1.038 víctimas de explotación sexual y laboral.
Los datos del balance del CITCO sobre el año 2019 confirman que Cuerpos de Seguridad del Estado arrestaron a 732 personas y desarticularon 93 organizaciones y grupos criminales que explotaban a personas de forma sexual, laboral, mendicidad, para matrimonios forzados o para la comisión de actividades delictivas. Solo durante el pasado año, liberaron a 1.561 víctimas de explotación y trata de seres humanos.
La desigualdad entre hombres y mujeres es abismal, sobre todo en cuestiones de explotación con fines sexuales. En 2019, el 71% del total de víctimas identificadas en España fueron mujeres y niñas; un porcentaje que llegó hasta el 96% en el caso de trata con fines de explotación sexual. La prostitución es violencia sexual. Además, otras formas de trata presentaron durante este mismo año una notable presencia de mujeres y niñas, como es el caso de la que tiene por finalidad la explotación laboral donde ambas alcanzaron el 42% de las víctimas identificadas.
Una larga lucha a la que no se le ve fin. La trata de seres humanos constituye una de las violaciones de derechos más graves que siguen aún produciéndose en pleno siglo XXI. Sus víctimas son captadas aprovechando diversas situaciones de vulnerabilidad o necesidad, para posteriormente ser explotadas en multitud de actividades entre las que destacan la prostitución y la pornografía, el trabajo forzado, la comisión de actividades delictivas, la mendicidad, la extracción de órganos o los matrimonios forzados. Múltiples declaraciones se unen bajo la cooperación de condenar la trata y explotación de seres humanos como son las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y la Plataforma de Acción de Beijing (1995).
Por todo ello, también el Ministerio del Interior está trabajando para elaborar un proyecto en la lucha contra este fenómeno criminal, así como en la asistencia, protección y recuperación de las víctimas. Dado el perfil de las víctimas, su atención requiere de un enfoque de género que reconozca las especiales necesidades de éstas en función del género y del tipo de explotación de la que han sido objeto, todo ello con el objetivo de restituirlas y garantizar sus derechos.