El PSOE madrileño ha presentado una querella penal contra los responsables de la retirada de la placa en homenaje a Largo Caballero que quedó completamente destrozada durante este proceso atentar contra la legalidad. En concreto, esta querella acusa al concejal popular de Chamberí, Javier Ramírez, que fue el encargado de ejecutar la orden y se extiende a la coordinadora del distrito, Cristina Goncer, y al director de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Luis Lafuente. Los socialistas denuncian un delito de prevaricación y otro contra la memoria histórica que suponen “un ataque a la dignidad y también a la memoria”.

La batalla contra estos símbolos comenzó hace más de un mes cuando el partido de ultraderecha, Vox, presentó una moción en la que justificaban la decisión de retirar las calles y los símbolos en memoria de Largo Caballero e Indalecio Prieto. Esta justificación se amparaba en una Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 que condena los regímenes totalitarios y a todos sus representantes y que Vox interpretó con “nula documentación” que la Segunda República se clasificaba dentro de estos. Un centenar de profesores de Historia Contemporánea de distintas universidades españolas tachaban la moción como una “falacia” que se basa en “viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”. No obstante, tanto el PP como Ciudadanos decidieron juntarse de nuevo con la ultraderecha y apoyar esta moción, lo que impulsó su salida adelante.

El PSOE ya presentó en este momento un recurso contra este acuerdo y Más Madrid inició su propio recurso tras ejecutarse la retirada de la placa sin realizar un expediente previo obligatorio. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, pedía al PP y a Ciudadanos “que se desliguen de la ultraderecha de Vox, que ahí no está la Memoria que tenemos que reconocer todos los españoles, y que abandonen, de una vez por todas, esa política de trinchera, de atacar a la memoria de todos los españoles y reconozcan el grave error que están cometiendo”. Para él no es una coincidencia que sean los mismos que se opusieron “a sacar al dictador de una tumba de estado” y recordaba que no se puede “destrozar a martillazos la memoria de todos”.

La querella se basa en los artículos 289 y 323.1 del Código Penal que suponen un delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural y un delito de daños a elementos del patrimonio histórico. Lo socialistas consideran como “máximo responsable” a Ramírez y recuerdan que la placa se retiró en otro momento por razones de mantenimiento y eso no resultó en su destrucción.

El secretario de Coordinación Territorial y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Santos Cerdán, acusaba a Vox de utilizar mecanismos democráticos “para ir en contra de la democracia y dañarla” y señalaba el “grave error” que los otros dos partidos han cometido al no “ser equidistante entre los franquistas y los demócratas”. “Es un ataque a la dignidad y también a la memoria”, continuaba, “la memoria de España, de todos los españoles”.

Por su parte, el concejal socialista Ramón Silva recordaba que la placa se instaló en 1981 como una iniciativa de la UCD que fue apoyada por todos los partidos políticos de derechas e izquierdas. Además, la calle de Indalecio Prieto también se aprobó por unanimidad y esta vez fue una iniciativa del PP, y ahora son ellos mismos quienes luchan por retirarla.

El sindicato UGT también ha adelantado que presentará “una querella contra las personas del Ayuntamiento de Madrid responsables por los daños y destrozos” de la placa. Este símbolo estaba situado en la que fue la casa donde nació uno de los presidentes de la Segunda República que fue elegido de forma democrática dentro del régimen. Ahora la izquierda continúa movilizándose bajo lemas como “Almeida devuelve la placa”. El alcalde mientras defendía que la placa de bronce está “intacta” y lo que se destrozó fue “una inscripción en mármol que no forma parte del conjunto escultórico”.