Hay que remontarse al año 2015, cuando la ley obligó a las mutuas a desvincularse de las sociedades de prevención de riesgos laborales, y que acabaría afectando a un total de 19 entidades. Ahora, el Tribunal de Cuentas habría detectado irregularidades en el proceso, y la fiscalía aprencia responsabilidad contable.
El informe del órgano fiscalizador, destapado este lunes por la Cadena SER, señala que al menos en 13 casos se utilizaron informes desfasados para tasar por debajo de su precio real las sociedades de prevención.
El documento apunta, además, a que en hasta cuatro casos el técnico que valoraba el precio tenía relación con el auditor, y en otros seis más la venta termina en sociedades creadas ad hoc participadas por directivos de las propias mutuas.
Algunos datos sobre la presunta especulación
Asepeyo es una de las mutuas que aparece en el informe, vendida en junio de 2015 por siete millones de euros a una empresa constituida ad hoc por cinco directivos y un inversor privado. Meses después, ya a comienzos de 2016, fue vendida por 29,1 millones de euros, una "operación de carácter especulativo que denota una actuación negligente por parte de Asepeyo al enajenar un activo significativo a un precio manifiestamente inferior al de mercado en perjuicio de sus mutualistas", a juicio del Tribunal de Cuentas.
También se pone en el foco a la sociedad de Mutua Activa, vendida por 1,3 millones de euros en marzo de 2015 basándose en los estadios financieros de 2013. Ya El País avanzó la semana pasada que un juzgado de Reus investiga a la antigua cúpula de la misma por presuntas irregularidades en "prácticas comerciales".
Pero la especulación va más allá, ya que Mugatra también fue vendida a una tercera empresa en octubre de 2013 por 2,1 millones de euros y en febrero de 2016 se revendía por 5,2 millones de euros con un beneficio de más del 100%.
Un alto cargo del actual equipo de Ayuso implicado
En el informe del Tribunal de Cuentas se señala como último responsable a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que "no ha ejercido adecuadamente sus competencias de dirección y tutela de las mutuas en este proceso".
Y es que "no tuvieron en cuenta aspectos fundamentales como son la exigencia de un proceso que contemplase y propiciase la publicidad y concurrencia y el establecimiento de mayores cautelas".
Rafael Barberá de las Torres ocupaba en aquella época el cargo, siendo hoy en día director general del área económica y financiera del Servicio Madrileño de Salud en el gobierno de la Comunidad de Madrid de la "popular" Isabel Díaz Ayuso, quien aún no se ha manifestado al respecto.