< Diciembre 2022 >

El BOE publica el ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’ impulsado por el Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

El BOE publica el ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’ impulsado por el Gobierno

El procedimiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre, es una respuesta a la solicitud de la Unión Europea de desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación. Las acciones recogidas en este plan servirán para mejorar la transparencia con respecto al origen de la desinformación, así como la forma en la que se produce y se propaga. Sin embargo, la Asociación de Medios de Información considera que este proyecto podría vulnerar el espíritu de la Constitución.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves 5 de noviembre la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha mandado a su vez, la publicación del Procedimiento de actuación contra la desinformación, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el día 6 de octubre.

El Gobierno, a través de este plan, tiene como objetivo monitorizar y detener” campañas de desinformación. “Los procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”, recoge el documento.

Como respuesta a la solicitud de la Unión Europea, con este proyecto se pretende aumentar la transparencia y descubrir el origen de la desinformación, así como la forma en la que se produce y se difunde. Por ello, el objetivo primordial es evitar la injerencia extranjera en asuntos nacionales, además de detectar campañas de desinformación que puedan dañar los intereses del país.

Lo que pretende España con este plan es “definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos”, sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas ni vigilar, censurar o limitar el libre derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.

Evitar la propagación de fake news

El texto expone que hay que establecer mecanismos y medios a través de los cuales se evalúe la desinformación tanto a nivel internacional como en España, es decir, luchar contra las noticias falsas conocidas como fake news. Además, como recoge el proyecto, esto debe hacerse de manera inmediata, debido a la rápida expansión digital y el uso exhaustivo de los medios digitales.

De esta forma, el documento describe la desinformación como “la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público” y además, señala el daño que genera esta manipulación a los procesos democráticos y a los bienes públicos como la salud, la seguridad o el medio ambiente.

Siguiendo esta línea, para dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el Plan de Acción contra la Desinformación creado en 2018, el documento identifica los organismos y autoridades que forman el sistema y además, marca el procedimiento de sus actuaciones. En este sentido, el plan establece los niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación para llevar a cabo la lucha contra la desinformación.

Cuatro niveles de actuación

El procedimiento publicado por el BOE establece cuatro niveles diferentes de actuación que servirán para la “detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional”. En cada uno de ellos, estará involucrado un actor público diferente.

-Nivel 1: permite actuar a nivel técnico y realizar la alerta temprana de las campañas con información falsa en la red, así como notificar según su comunidad de referencia. En este nivel se presencia la monitorización de la información, su origen y su fin.

Forman parte la Secretaría de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros.

-Nivel 2: se lleva a cabo la evaluación de las consecuencias por parte de la comisión, así como el impacto de las medidas de mitigación de las campañas de desinformación. Por lo tanto, durante este nivel se coordinarán, sincronizarán y priorizarán todos los esfuerzos en la lucha contra la desinformación.

Aparecen la Secretaría de Estado de Comunicación otra vez y una célula de coordinación de lucha contra la desinformación, junto con la Comisión Permanente contra la Desinformación.

-Nivel 3: encargado de adoptar decisiones y marcar objetivos de carácter político-estratégico para frenar las campañas de desinformación.

Está involucrado el Comité de Situación, que toma medidas atendiendo al marco para la respuesta conjunta.

-Nivel 4: se realiza la gestión política para dar respuesta a la crisis a través de una campaña de desinformación.

Aparece el Consejo de Seguridad Nacional.

¿Vulnera la Constitución?

La Asociación de Medios de Información (AIM) establece que el ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’ impulsado por el Gobierno podría vulnerar la Constitución, ya que entiende que son los tribunales quienes deben establecer los límites del derecho de información.

Para la asociación, este plan vulnera el espíritu del artículo 20 de la Constitución, que dice lo siguiente: “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Ahí es donde reside el problema ya que, según apuntan desde AMI, establecer niveles de activación que podrían llegar a la “toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional”, como indica el texto, podría conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial.

Además, la asociación comenta que “en ningún momento” ha sido informada sobre de este procedimiento y apunta que “la defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna”.

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