El Rey Don Juan Carlos se enfrenta a una posible imputación judicial por un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública tras su abdicación

El Rey Don Juan Carlos se enfrenta a una posible imputación judicial por un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública tras su abdicación

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha trasladado una investigación abierta contra Juan Carlos I a la Fiscalía del Tribunal Supremo por un posible delito de evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Se estudia que el Rey pudo recibir dinero de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, posiblemente en forma de donaciones entre 2016 y 2018. Se cree que la cantidad sería superior a los 278.000 euros que se habrían movido a través de cuentas bancarias españolas a nombres de terceros en las que el verdadero beneficiado habría sido el monarca. Este habría gastado esta cantidad con tarjetas vinculadas a las cuentas y luego podría haber compensado al empresario ingresando dinero en cuentas en el extranjero, lo que le habría permitido evadir aquí el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El fiscal Juan Ignacio Campos investiga el origen de esta cifra y, en caso de ser fraudulenta, si fue una donación o se puso directamente a disposición del Rey en forma de saldo en las cuentas, lo que haría que el delito fuera sobre el impuesto de la renta. La clave de este caso: el Rey ya había abdicado en el momento de los hechos por lo que sí podría ser imputado al no gozar ya de inviolabilidad.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al Rey emérito, Juan Carlos I, por un posible delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Desde ayer, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, traspasó las competencias que tenía hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción a las manos del fiscal de sala Juan Ignacio Campos, el mismo encargado de estudiar otro delito vinculado al Rey por unas supuestas adjudicaciones del AVE a La Meca. La clave de esta investigación por blanqueo de capitales es que los delitos se habrían cometido entre 2016 y 2018, dos años después de la abdicación de Juan Carlos, lo que supone que no gozaría de inviolabilidad en ese momento y podría ser imputado por delito fiscal.

La investigación sostiene que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause habría donado una cantidad de dinero al Rey emérito superior a los 278.000 euros que este segundo no habría declarado a Hacienda, aunque las cantidades exactas aun se desconocen. Esta donación, si hubiera sido declarada, habría generado una cuota de Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Madrid superior a 120.000 euros, que es el mínimo establecido para que se considere como un delito fiscal. Juan Carlos I habría utilizado una serie de tarjetas vinculadas a cuentas bancarias a nombre del empresario mexicano y de un coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, pero él habría sido el verdadero beneficiado. Se cree que el dinero disponible provendría de Krause, que luego podría haber recibido compensaciones a través de cuentas en el extranjero u otros medios para así poder defraudar a Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción abrió este caso tras un aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en el que detectaron este posible uso fraudulento de las cuentas bancarias emitidas desde entidades españolas pero que podrían haber estado recibiendo fondos de origen extranjero no declarados por el Rey. Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo debe aclarar la procedencia de estos fondos según ha recogido El País para saber si se enfrentan a un posible delito de fraude en el impuesto de donaciones o de la renta. La diferencia radica en si este dinero fue donado por Sanginés-Krause o si, por el contrario, el empresario lo puso directamente a su disposición en forma de saldo en las cuentas bancarias. Si el dinero no hubiera sido una donación el fraude se habría cometido sobre el IRPF al tratarse de un incremento del patrimonio injustificado. En última instancia, la Fiscalía tendrá que comprobar si, efectivamente, estos fondos son fraudulentos y no fueron declarados por Juan Carlos I para evadir impuestos.

Las cantidades de dinero exactas recibidas por el Rey aun se desconocen ya que el patrimonio preexistente de Juan Carlos nunca se ha hecho público con la excepción de su asignación anual que recibía hasta que su hijo, Felipe VI, la retirara el año pasado tras conocer los supuestos casos de corrupción de su padre. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha calculado de momento esa cantidad superior a los 278.000 euros que se tendrían que sumar a su patrimonio para calcular el importe a pagar que habría sido evadido en el impuesto de donaciones, si el dinero se tratara de una donación del empresario mexicano. Estas cantidades podrían oscilar de los 278.702 euros a los 317.917. José María Mollinedo, el secretario general de GESTHA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, explicaba para El País que el monarca tendría que haber declarado este dinero en un plazo de 30 días.

Esta investigación se une de forma paralela al caso sobre el Ave a La Meca que probablemente quede archivado por falta de pruebas y porque los delitos se habrían cometido antes de su abdicación, por lo que el monarca gozaba de inviolabilidad. El fiscal Campos estudia si el Rey podría haber recibido comisiones irregulares por parte de varias empresas españolas a las que les habría adjudicado de forma fraudulenta el proyecto del AVE. Estos hechos fueron denunciados por Corinna Larsen y el excomisario de Policía José Manuel Villarejo lo que llevó a abrir la investigación en 2018. Sí se conoce por el momento que en 2008 Juan Carlo recibió una donación de 65 millones de euros por parte del rey saudí, pero en esta época aun no había abdicado. De momento, el fiscal está a la espera de nuevas pruebas procedentes de Suiza que decidirán si, finalmente, presenta una querella contra el monarca o archiva el caso.

Delgado ha optado por este traspase de competencias tras una filtración de ElDiario.es que dio a conocer el caso. Pretende así evitar una “fuga de información” que podría poner en peligro la investigación que sí podría culminar con la imputación del Rey. Este delito podría suponer hasta 6 años de cárcel si se declara como agravado, condición que se daría si la cantidad recibida de forma fraudulenta fuera superior a los 600.000 euros. Otra línea de la investigación también apunta que otros miembros de la familia real podrían haberse beneficiado de este dinero, pero el caso se centra, de momento, en el Rey. Si este fuera el escenario se tendría que comprobar si estos beneficiados conocían o no el verdadero origen de los fondos.

Varias fuentes señalan que ya se ha interrogado al empresario Sanginés-Krause y a coronel Mendoza por estos supuestos delitos.

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