La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la entrevista concedida a los dos medios digitales, se defiende de quienes señalan su nombramiento como una forma de intentar controlar la independencia del Poder Judicial y también se pronuncia sobre el indulto y los presos del procés, la investigación contra el Rey emérito y la posible imputación del vicepresidente, Pablo Iglesias.

La fiscal Delgado enfrenta abiertamente las acusaciones por parte de la oposición de condicionar la independencia del sistema judicial: “Ocho meses después me someto al escrutinio de la ciudadanía sin mediaciones”. También asegura que considera su puesto anterior como ministra de Justicia como una “fortaleza que le ha dado una perspectiva de la Justicia y un conocimiento de ella extraordinario, nacional e internacional”. Y haciendo pedagogía para sus críticos, les recuerda que otros países europeos nombran a su Fiscal General desde el Ejecutivo y que, ahora, ella trabaja para la Justicia desde “otro espacio”.

También se manifiesta sobre la reforma de Ley presentada por el Psoe y Unidas, que actualmente se encuentra paralizada mientras Casado se piensa si colabora para renovar el CGPJ, que lleva dos años caducado, o sigue bloqueando este órgano de gobierno de los jueces. La fiscal, asegura que esta Ley “tiene que estar en el marco constitucional y, además, derivar del consenso”. Destaca Dolores Delgado, que el consenso es fundamental ya que “la Justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados”, pero existe una “anomalía del sistema constitucional” que ha estado permitiendo que el Partido Popular bloquee la renovación del órgano constitucional, que debería haber sido renovado hace ya dos años. Como solución propone "limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre en funciones". Tampoco censura la Fiscal General las críticas por parte de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos hacía el poder Legislativo porque “en determinados cauces y límites la participación profesional es buena”.

Sobre la sentencia de la Audiencia Nacional de Josep Lluís Trapero, el máximo responsable de los Mossos d"Esquadra durante el referéndum ilegal para la independencia catalana, en la que se le absuelve de un delito de rebelión, la fiscal refiere que desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se estaba estudiando el fallo de los tribunales pero para que se pueda recurrir, sería necesario probar que se ha realizado “una irracional interpretación de las pruebas”. “Es una sentencia absolutoria”, establece la Fiscal y afirma que, si desde la Fiscalía no estuvieran de acuerdo con el fallo, lo recurrirían.

La Fiscal General no se pronuncia, en la entrevista con los digitales, InfoLibre y Eldiario.es, sobre el futuro de los presos del procés que podrían ser indultados. “El procedimiento tiene su trámite y habrá que informar teniendo en cuenta todos los aspectos y específicamente los contenidos en la sentencia”, explica, señalando que es una decisión que tomarán los fiscales del procés y no ella. Sí se pronunció, en cambio, sobre la necesidad de adaptar al siglo XXI el delito de sedición para evitar “formas de atentar con la democracia”. “Es muy importante que adaptemos el Código Penal a la realidad”, aunque siempre por consenso con la sociedad, aclaraba.

La Fiscal General, no tendrá participación en la posible imputación de Pablo Iglesias, ya que será el teniente fiscal del Tribunal Supremo el encargado. “El criterio de la Fiscalía Anticorrupción es relevante para el teniente fiscal y me consta que ya remitió un informe” ha dicho. A la pregunta de si se estaba utilizando a la Justicia para luchar contra el Gobierno recordó la importancia de que existan procedimientos transparentes en la elección de jueces y que la ciudadanía participe, aunque reconoció, que en determinados partidos, “siempre hay un halo de tentación de manipular la Justicia”.

El Rey emérito podría ser imputado aunque es un proceso complicado designado al juez Juan Ignacio Campos. Campos establecía que la información llegada desde Suiza sobre los supuestos delitos económicos cometidos por Juan Carlos I abría un abanico de posibilidades y para Delgado esto supone una buena noticia ya que el juez “va a agotar la investigación”. Aun así, no sabe hacer predicciones sobre el futuro de la investigación: “Eso es un hacer una predicción de futuro que depende de tantas cosas, de tantas diligencias y de las pruebas… No lo sé”.

La nueva normalidad ha traído una situación inédita “con leyes de alguna manera obsoletas”, considera la fiscal y el enfrentamiento político no ha ayudado. Delgado criticaba directamente a Vox al ser preguntada por la moción de censura. “Los descalificativos cutres y chabacanos no me interesan. No me hago eco de ellos. Los que puedan tener un componente de género me hacen ser mucho más fuerte en mis convicciones”. Asegura que estos ataques “en política parece que no tienen un coste” pero que solo sirven para fortalecer sus convicciones. Hilaba estas manifestaciones con la pregunta sobre las denuncias falsas en materia de violencia de género que se han convertido en la justificación favorita de Vox frente a políticas de igualdad, a pesar de que solo suponen un 1% del total. En este aspecto, Delgado era firme en su respuesta: “La violencia de género mata, asesina, deja huérfanos, deja a mujeres en una situación indescriptible en cuanto a vulnerabilidad, se ceba en personas muy vulnerables. Es una realidad criminal que está ahí”. Declaraba que los ciudadanos debían sentirse orgullosos de las políticas que está impulsando el Gobierno en la Ley Integral contra la Violencia de Género que “tendría que salir de la disputa política”.

“Me gustaría tener un Ministerio Fiscal más transparente, moderno, del siglo XXI, comprometido, internacionalizado y especializado”, zanjaba Delgado, “una Fiscalía donde los cargos de responsabilidad no sean solo de hombres”.