El objetivo de este cuarto Estado de Alarma de la reciente democracia, que entra en vigor en la tarde de este domingo, implica toque de queda en todo el país, y fuertes restricciones de movilidad, tanto nocturna (de 23:00 hasta las 06:00) como entre regiones. Sobre todo trata de dar cobertura jurídica a todas las autonomías para que en co-gobernanza con el Ministerio de Sanidad, puedan dictar y aplicar las restricciones más drásticas, incluidos los confinamientos, sin tener que pasar por los tribunales regionales. De este modo, el Gobierno pone a punto y acelera la toma de decisiones, cuando las ratios están completamente disparados en España y en gran parte de los países vecinos europeos, como Bélgica, Francia, Italia, Chequia, etc. Recientemente el Gobierno había homologado, en el Consejo Interterritorial, las normas dictando cuatro niveles de alarma, basados en los criterios científicos de contagios y ocupación de UCI. El objetivo de esta decisión, es bajar, de los más de trescientos nuevos contagios durante dos semanas, actuales en España, a 25 por cien mil habitantes. La autoridad competente de aplicar las normas, serían los gobiernos regionales co-gobernando con el apoyo, coordinación y cobertura del MInisterio de Sanidad.

De este modo se asemeja a los ciclos de tiempos que se dictaminan en Europa. En Italia, por ejemplo, el primer Estado de Alarma, de marzo, se dictó durante todo el tiempo que durara el pico de la pandemia, que fueron cuatro meses. Ello evitará a Sánchez el tener que acudir a renovarlo al Congreso cada 15 días como hizo durante la primera ola, lo que supone un desgaste innecesario, que no suma a la hora de unir fuerzas y eficacias en la lucha contra el Covid19. El Presidente Pedro Sánchez asegura que ha hablado con todos los grupos políticos y presidentes, y espera contar con apoyos suficientes para soventar la mencionada primera prórroga imprescindible y someterlo a votación solo una vez. Sánchez ha afirmado en su comparecencia que aún así, comparecerá cada 15 días al control en el Congreso de los Diputados, como así lo harán los gobiernos regionales en sus parlamentos.

El presidente confirma que este lunes tendrán, como todos los lunes, la reunión del Consejo Interterritorial de la Salud, con todos los presidentes, a la que acudirá la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. También recuerda que ya se han ofrecido 16.000 millones a las CCAA para combatir el virus, se ha hecho acopio de cientos de millones de material sanitario, test, y rastreadores.

Diez son las CCAA cuyos presidentes han solicitado directamente y por escrito el Estado de Alarma al Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas Cataluña y Euskadi, y la ciudad independiente de Melilla. Aragón y Canarias, ambas socialistas, no lo han solicitado directamente, pero lo respaldan. Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular de momento, aunque están co-gobernando a través de las normas que se dictan en el Consejo Interterterritorial -constituido entre todos los presidentes y el ministro Salvador Illa- salvo Madrid, que es la comunidad más díscola, no se han sumado directamente a esta petición. Aunque tanto Castilla y León, como Murcia y Andalucía, de manera no oficial, se muestran partidarias, al igual que Galicia. Solo Madrid, prefiere hacer caso omiso de las normas acordadas en el Consejo Interterritorial y actuar por su cuenta, en clara confrontación con el Gobierno central.

Las diez comunidades solicitantes del estado de alarma representan todo cariz político, socialistas, regionalistas, nacionalistas y de hasta de Ciudadanos, como es el caso de Melilla. Se trata de País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares. El objetivo de todas ellas es aprovechar la herramienta juridícia que contempla la Constitución para estos casos, con el fin de minimizar los trámites y aumentar la rapidez en la aplicación de normas que frenen la propagoación del virus, cuesto lo que cueste. En la consciencia de que esta herramienta jurídica simplfica los trámites y faculta la toma de medidas. A pesar de que, en la anterior oleada, no fueron pocos los presidentes de comunidades que contemplaron con cierta sospecha el estado de alarma, creyendo que les quitada derechos. Al cabo de siete meses, la práctica totalidad de barones y baronesas autonómicos se han convencido de la eficacia y necesidad de esta herramienta constitucional, salvo Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso prefiere sus propias normas.

Este nuevo decreto contempla como decimos el toque de queda para todo el país, desde las 23:00 hasta las 06:00, pudiendo las autonomías alargar incluso más la duración de este estado. Asegura el Presidente que los científicos creen que es el mejor mecanismo y se ha demostrado el más eficaz en la lucha contra la propagación del virus. Sobre todo para evitar contagios en las reuniones familiares y en la vida de ocio nocturno, dos de los principales focos que más preocupan al jefe del CCAES, Fernando Simón, y su equipo de científicos que examinan diariamente todos los parámetros de la evolución de la pandemia. En cuanto al apoyo del Partido Popular, el Presidente Sánchez, vuelve a recordar que la pandemia es una cuestión de Estado, y que ha hablado de ello con Pablo Casado. Sobre las decisiones de los presidentes, en el último Consejo Interterritorial, se debatieron los criterios aportados por la comunidad científica, OMS, ECDC y "no me cabe duda de que las CCAA acordarán junto con ministerio de Sanidad, medidas acorde con la evolución de la pandemia".

Algunos de los presidentes, como Iñigo Urkullo, del País Vasco, ya le habían pedido que se instaurara el EA en todo el país, sólo los populares eran partidarios de que sea en las comunidades donde las ratios de alerta de propagación, camas, UCI etc, sean más alarmantes. Según el último Consejo Interterritorial, serían en la actualidad siete las comunidades que han sobrepasado ya las ratios aceptadas hasta ahora: Madrid, Cataluña, Aragón, Castila la Mancha, Castilla León, Navarra y Rioja. Tanto País Vasco, como Navarra, Rioja y Cataluña ya han decretado toques de queda en sus regiones.

Antes de ser decretadp este nuevo Estado de Alarma, la presidenta de Madrid, en coordinación con la postura de confrontación mantenida por la dirección de su partido, PP, preferiría que se modificase la ley orgánica del 1986, en materia de Sanidad Pública, como así pide su jefe Pablo Casado, lo que sería una especie de reforma exprés, que no convence a los servicios jurídicos del estado. Algo que complica jurídicamente la eficacia en la toma urgente de medidas, y que no es compartido por el resto de las autonomías, incluidas las del PP. Por tanto, Ayuso y Casado, se quedan solos ante las preferencias de sus barones regionales que se inclinan más hacia el consenso y homologación con el Estado de Alarma recién decretado y el toque de queda. Son precisamente los barones y baronesas territoriales del Psoe y los nacionalistas, los que insistieron en la fórmula de la co-gobernanza dentro del Estado de Alarma, porque ello incluye una serie de criterios y medidas que vinculan a todas las comunidades españolas. Todos ellos, además de los nacionalistas, están de acuerdo en que es mejor luchar todos unidos que cada uno por su cuenta.