En el 2011, el PP, liderado por Mariano Rajoy, utilizó su mayoría absoluta en el Congreso para llevar a cabo una reforma de las pensiones en solitario. Durante este año, la Seguridad Social se encontraba en equilibrio y contaba con un ahorro acumulado de más de 66.000 millones de euros en el Fondo de Reserva. Sin embargo, la situación actual dista mucho de aquel año, ya que el sistema presenta un agujero de más de 72.000 millones de euros y un déficit de más de 20.000 millones anuales. Por ello, es imprescindible una reforma urgente del sistema.

Casi una década después y tras varios intentos ineficaces, la Comisión del Pacto de Toledo prevé cerrar esta mañana un acuerdo para revisar y corregir las medidas introducidas en el sistema de pensiones por el Gobierno de Rajoy, así como incluir unas nuevas recomendaciones. Pese a ello, todavía hay que andar con pies de plomo, ya que en febrero del año pasado las recomendaciones también estaban prácticamente cerradas, pero el adelanto electoral al 28 de abril rompió el acuerdo existente en la Comisión. Actualmente, el Pacto de Toledo se presenta ante una segunda oportunidad que se espera que sea la definitiva.

Los partidos que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo tienen como objetivo terminar con las últimas discrepancias este viernes y lograr un consenso mayoritario que permitan una mayoría para sacar el texto adelante. En este momento, PSOE, Podemos, PNV y probablemente Ciudadanos dan su apoyo al texto, mientras que los votos de Vox, Bildu y ERC se encuentran en el aire. Por su parte, el PP no ha decidido aún su voto, aunque baraja la posibilidad entre el sí y la abstención.

La Comisión ha citado a sus miembros para el próximo martes 27 de octubre, con el fin de realizar la votación definitiva del borrador que se acordará hoy. Cuando el acuerdo consiga una mayoría en el Pacto de Toledo, se pasará al Pleno del Congreso para que se incorporen los votos particulares de los grupos y se pueda dar su aprobación definitiva.

Recomendaciones recogidas en el borrador

Entre las recomendaciones que se suscitan en el borrador, los grupos parlamentarios rechazan cambios radicales en el actual sistema de pensiones, ya que todos coinciden en preservar y reforzar financieramente para mantener sostenibilidad en el medio y largo plazo. Ahora bien, sí que buscan el desarrollo de un sistema complementario en el plano privado, especialmente, en el ámbito de los planes colectivos en el seno de las empresas, con los llamados planes de empleo.

En este sentido, el borrador contiene 20 recomendaciones. Una de las más importantes es la única que logró acordarse en la legislatura anterior referida a la revalorización por ley de las pensiones en función del IPC, con el fin de que las pensiones no pierdan el poder adquisitivo. En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha comentado el pensamiento del Gobierno de incluir en la ley el indicador permanente de revalorización de las pensiones vinculado a la inflación.

Por otro lado, uno de los puntos más importantes es la separación de fuentes de financiación, con el objetivo de financiar solo las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad. De esta manera, los gastos asumidos por la Seguridad Social, como por ejemplo los descuentos en cotizaciones para impulsar el empleo o las prestaciones de paternidad o maternidad, se paguen con impuestos. Desde la Seguridad Social ya tienen detectados lo que denominan “gastos impropios” del sistema de pensiones por valor de casi 23.000 millones de euros. Según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, en 2021 el Gobierno pretendería empezar a dar pasos en esta dirección.

A su vez, el borrador incluye también la recomendación del Tribunal de Cuentas para cambiar los préstamos que hace el Tesoro anualmente desde hace cuatro años y sustituirlos por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema. En este sentido, hay otros elementos clásicos del Pacto de Toledo, como el que habla de reforzar el principio de contributividad, pero también hay nuevos, como una recomendación sobre Juventud y Seguridad Social.

Rechazo a las cotizaciones con rentas altas

Por otro lado, el Pacto de Toledo ha optado por no pedir al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. El hecho de salvar a los asalariados de una subida de las cotizaciones tiene sentido por el estallido de la pandemia de coronavirus, ya que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo lo consideran contraproducente.

Debido a la crisis económica generada por la pandemia, el Gobierno frenó la subida para las rentas altas de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, tras la postura de los partidos que forman el Pacto de Toledo, el Gobierno ha optado por no seguir el decreto de incrementación de la cuota de aquellos trabajadores con salarios mayores de 48.800 euros y el Ejecutivo ha afirmado que esta decisión seguirá durante la prolongación de la crisis sanitaria.

Los robots, con posibilidad de cotizar la Seguridad Social

La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que estudia la reforma de las pensiones, plantea que las empresas coticen a la Seguridad Social por la productividad que consigue el avance tecnológico al hacer más cosas con menos trabajadores.

Siguiendo esta línea, el Congreso pide al Gobierno la posibilidad de establecer un impuesto sobre las máquinas para financiar las prestaciones y sustituir las aportaciones de los trabajadores que puedan perder el empleo con la revolución tecnológica.

Esta recomendación ya se recogió en el Pacto de Toledo de la pasada legislatura, donde se consideró que las nuevas formas del trabajo autónomo en las empresas o el proceso de robotización generan un riesgo financiero que hay que abordar.

En concreto, lo que propone el Pacto de Toledo con esta nueva recomendación es contemplar vías diferentes de financiación para la Seguridad Social, como consecuencia del crecimiento de la productividad sin aumento del empleo. Lo que quiere decir que si los robots generan una reducción del empleo y los salarios en el PIB, entonces no habrá recursos suficientes para poder llegar a financiar las pensiones públicas.

Esta recomendación, por lo tanto, abre la puerta a las cotizaciones de los robots, algo que lleva debatiéndose años en los círculos económicos y que sería la forma de dar protección a la ciudadanía expulsada del mercado de trabajo debido a la automatización.