El Congreso de los Diputados ha aprobado la suspensión temporal de las reglas fiscales a consecuencia de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19. Aprobada por mayoría absoluta este martes, la solicitud queda autorizada siguiendo la normativa recogida en el artículo 135.4 de la Carta Magna: "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, preciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados". Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, y el ejemplo de otros países miembros de la UE, el consentimiento de dicha medida supone la anulación de los objetivos de estabilidad y deuda, como el aplazamiento de la regla del gasto, permitiendo la autonomía financiera de los ayuntamientos mediante sus remanentes -casi un total de 15 millones de euros-, durante la temporalidad establecida; 2020 y 2021.

Pese a ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido advertir que esta interrupción fiscal, “no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal”. Con la finalidad de reducir el déficit con vistas al próximo año, Montero ha anunciado que esta reducción forma parte de los objetivos recogidos en el Plan de Estabilidad de 2021 propuesto por Bruselas. El seguimiento de este programa supondrá una disminución del déficit de hasta 3,6 puntos, situándolo en el 7,7% del PIB, suponiendo la repartición de tal diferencia de la siguiente manera: 1,1% para las Comunidades Autónomas, un 1,3% para la Seguridad Social, un 0,1% para las Entidades Locales y 5,2% para la Administración Central. Una Administración, como ha querido recalcar la ministra, que ha sido la principal sustentadora financiera ante el impacto económico que ha supuesto la pandemia. Estas reducciones se verán reforzadas gracias a un fondo de ayudas propulsado por el Estado, mediante la transferencia extraordinaria de 31.882 millones de euros para el sostenimiento de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, Montero ha recordado la necesidad de establecer un techo de gasto excepcional, el cual no puede compararse con los ejercicios anteriores. Sin la aprobación, ni el conocimiento de los Presupuestos Generales del Estado, se prevé que dicho techo de gasto cuente con la aportación económica de los fondos europeos -27.436 millones de euros- garantizando así un límite de gasto no financiero de hasta 196.097 millones de euros. Un notable aumento, respecto a años anteriores, destinado a solventar el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas en materia educativa o para la atención a la dependencia. En este contexto marcado por la convivencia con el coronavirus, se estima que los Presupuestos Generales de 2021 incluya 25 mil millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación, como los 2.436 millones del programa REACT-EU del Ministerio de Sanidad, para garantizar el refuerzo de la atención primaria, la distribución equitativa de material sanitario y vacunas en todas las Comunidades Autónomas.