El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido en la conferencia “Justicia 2030: Más allá de la Justicia” el nuevo plan presentado por el Gobierno para renovar el sistema judicial en España y que se sincronice “con una realidad que es cambiante”. El ministro ha afirmado que el problema en el país no es la falta de recursos económicos ni personales, sino la falta de mirada de unas administraciones que ignoran a la sociedad “a la que tienen que servir”. Así, Campo presentará la Ley de medidas de justicia digital y sostenible e impulsará la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar respuesta a las necesidades actuales que tiene el país.

El plan Justicia 2030 se trata de un “proyecto dinámico” que pretende mejorar la cooperación entre los actores de la sociedad civil, la justicia y las administraciones responsables para mejorar el proceso de toma de decisiones. Este proyecto cuenta con un programa económico propio que se alinea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado el pasado 7 de octubre por el presidente, Pedro Sánchez. El plan impulsará la transición ecológica y la transformación digital de la justicia española, desde la digitalización de procesos de Registro Civil hasta la aplicación de Inteligencia artificial en procesos judiciales.

Uno de los principales proyectos normativos es la Ley de medidas de justicia digital y sostenible que se presentará “en breve” para implantar “soluciones más ágiles y eficientes en la tramitación de los pleitos en los cuatro órdenes jurisdiccionales” en un plan que sostiene es “evolucionario” y pretende adaptar la Justicia a las necesidades actuales de la pandemia que ha obligado a la modernización de los procesos. Incluye también una reforma del Código Penal materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en el que ya trabajan desde hace semanas con Igualdad, así como de delitos de maltrato y abandono animal. Adaptará los delitos de rebelión y sedición “para actualizarlos al siglo XXI” y reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal, transfiriendo la instrucción al fiscal para acabar con la “figura del juez instructor”.

Todas estas reformas van acompañadas de una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende reemplazar a doce de los veinte vocales “para desbloquear” este órgano. La reforma ha sido criticada por el sistema judicial por mermar “las garantías de independencia judicial” y ha sido abiertamente rechazada por varios Tribunales Superiores de Justicia, los de Madrid, Extremadura y Castilla y León. De momento, Campo confía en poder alcanzar un acuerdo con el PP y evitar el “bloqueo” que padece la Justicia del país desde hace años por este partido. El ministro reclama que el país demanda esta reforma y criticaba duramente el retraso de la renovación exigible de los miembros del órgano por parte del PP. Aun así, busca esta “voluntad de acuerdo” para que “el reloj de la democracia siga funcionando”.

El plan Justica 2030 ha sido calificado como “el más ambicioso jamás pensado para la administración de Justicia desde la transición española” para modernizar este órgano en el país. Campos explicaba que la pandemia ha acelerado este proceso de cambio y se deben garantizar “los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico en un contexto de incertidumbre”.