La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha desligado esta mañana la llegada a España de los fondos europeos de la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretendida por el PSOE y Unidas Podemos. En una entrevista para RNE, Calviño ha instado al Partido Popular a retomar el diálogo con el Ejecutivo para tratar de llegar a un acuerdo que, hace unos meses, estaba “prácticamente cerrado”. “Es obligación de todos hacer el camino y garantizar un entorno de trabajo constructivo”, ha establecido.

En este sentido, la vicepresidenta ha reconocido que lo “deseable sería que hubiera un diálogo” con el principal partido de la oposición para llegar a una “renovación acordada y normal”. A su vez, ha asegurado que “no relacionaría” la reforma que el PSOE y Unidas Podemos quieren llevar a cabo con los fondos europeos como si hizo el PP, que advirtió el peligro que corrían las ayudas por un posible expediente de la UE.

Para Calviño lo verdaderamente importante para la “confianza” de Europa es el “buen funcionamiento de las instituciones”, como el CGPJ. De esta forma, ha recordado que la Constitución recoge la renovación del órgano de los jueces y que esta no tiene que ver con la independencia de los jueces, sino con la gobernanza y la buena labor de los mismos.

“Tenemos que asegurarnos de que funcionan correctamente, porque sino ponemos en duda la arquitectura de nuestro país”, ha advertido la vicepresidenta, que ha insistido en que es “responsabilidad de todos”.

Un plan en dos fases para encauzar los fondos europeos

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, propone “un plan en dos fases” que consista en utilizar los 72.000 millones de transferencias a fondo perdido en la actual legislatura y dejar otra parte de las ayudas de la Unión Europea, la de los créditos, para el siguiente Gobierno, si el actual agota la legislatura al utilizar el apartado de las subvenciones.

Calviño ha afirmado que el Gobierno no descarta pedir préstamos de los fondos europeos, aunque ha aclarado que su estrategia es ejecutar primero las inversiones con los 72.000 millones de euros en ayudas directas para el periodo comprendido hasta 2023 y dejar para más adelante la posibilidad de solicitar créditos, cuyo plazo de utilización es mayor, de seis años.

Siguiendo esta línea, la vicepresidenta ha señalado que cuentan con 27.000 millones de fondos comunitarios para el próximo año pero que, como todavía tienen que tramitarse entre el Parlamento Europeo y la Comisión, el Gobierno adelantará el dinero para ir acelerando en los proyectos “acompasando la financiación con los fondos que lleguen de Bruselas”.

Apoyo a autónomos y ERTE

La economista ha asegurado que el Gobierno va a mantener los esquemas de apoyo a los autónomos y a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) “mientras sea necesario”, aunque ha advertido de que las ayudas se adaptarán a las condiciones específicas porque “tienen un elevadísimo coste fiscal” y es necesario hacer “una buena gestión de esos recursos”.

Calviño ha insistido en que la economía española atraviesa un momento de “altísima incertidumbre”, que continuará este año. Sin embargo, la vicepresidenta confía en que la economía crecerá en el cuarto trimestre gracias a que existen más indicadores positivos que negativos. Aunque no ha dado cifras, sí ha asegurado que el PIB aumentará por encima del 1,5% que apuntan algunos organismos.

Incertidumbre entre los funcionarios

En cuanto a la subida del sueldo de los empleados públicos en 2021, Calviño no ha cerrado la puerta pero tampoco ha afirmado que vaya a producirse, explicando por qué no confía en la gestión de los fondos europeos a una empresa independiente. “Hemos dado muchas vueltas a cómo gestionar estos fondos y nos iba a llevar tanto tiempo crear una agencia que no era eficiente. Hay que apoyarnos en los que ya existen”, ha manifestado la economista.

A su vez, Calviño se ha remitido a las negociaciones de la ministra de Función Pública, Carolina Darias, con los sindicatos, y ha insistido en que la posición del Ejecutivo es la de “apoyar” los servicios públicos y a sus empleados, de los que ha dicho que han realizado y realizan una tarea “encomiable”. “Vamos a ver en qué terminan los diálogos”, ha establecido.

Para la vicepresidenta, el reto de absorber estos fondos es “formidable” y “va a requerir un cambio de ritmo de funcionamiento de la Administración y de la colaboración público privada”.