El Senado aprueba los Proyectos de Ley sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras

El Senado aprueba los Proyectos de Ley sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras

Unos Proyectos de Ley que permitirán a España modernizar su sistema tributario para ser adaptado a la fiscalidad del siglo XXI, y que irán orientados hacia lo que marca la Comisión Europea y la OCDE, además de alinearse con otros países europeos que cuenten con figuras similares

El Senado ha aprobado de forma definitiva los Proyectos de Ley sobre el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, dos impuestos con los que el Gobierno, pretende adecuar el sistema fiscal español a las nuevas áreas de negocio digital y a la realidad transfronteriza que supone la globalización y que no se encuentran actualmente bien reflejadas en el marco tributario vigente. Una aprobación de unos impuestos que permite además, que el sistema fiscal pueda evolucionar en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología, con la idea clara de seguir siendo la principal herramienta pilar, y de mantenimiento del Estado del Bienestar, avanzando en el reparto de la riqueza.
Podemos decir que estos dos impuestos entran en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, plazo fijado para permitir a los sujetos afectados a adaptarse a la normativa, y que no podrán perjudicar además, a las clases medias y trabajadoras, sino a las grandes multinacionales con un modelo de negocio digital que hasta ahora no estaba recogido debidamente en el sistema fiscal y, por otra parte, a los intermediarios financieros en operaciones bursátiles sobre grandes cotizadas. Por lo que, esta aprobación de impuestos permite un sistema fiscal más justo en el que aportará mas, quien mas capacidad económica tenga.
Nuestro país ha apostado por conseguir un consenso a nivel internacional en esta figura trabajando en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo, a pesar de que, el Gobierno consideraba que sin dejar de buscar ese consenso global, hay que avanzar a nivel nacional en esta figura con el compromiso de que, una vez alcanzado un acuerdo internacional, España adaptará su legislación a ese tributo consensuado.
Un impuesto que sigue las conclusiones recogidas en el programa BEPS de lucha contra la erosión de bases imponibles aprobado por la OCDE y que identificó entre los desafíos fiscales, la digitalización de la economía. El impuesto aprobado hoy pretende así, gravar ingresos obtenidos en España por grandes empresas a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, con un objetivo, de carácter indirecto, que grave servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.
Este impuesto afectará solo a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Lo que permite, a través de criterios objetivos, ayudar a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas.
Un tipo de gravamen del impuesto de un 3% que se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Una recaudación estimada entorno los 968 millones de euros, con una liquidación que tendría una periodicidad trimestral.
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras por otro lado, va en la línea defendida por la Comisión Europea que ya han adoptado otros países, como Francia o Italia., lo que contribuye a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo. Este impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes.
Finalmente hablamos de un impuesto que realmente no afecta al mercado primario, por lo que no tendría impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa, ya que el sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición.
Las adquisiciones exentas de dicho gravamen, son las operaciones del mercado primario, necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
Una liquidación del impuesto que sería mensual y unos contribuyentes que deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales.
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