De todos es sabido que Castilla y León cuenta con una población envejecida que, a día de hoy, es la que permite que siga habiendo vida en muchos pueblos pequeños. Gente mayor, con dificultades de movilidad, tanto a nivel personal como de transporte. Para esos hombres y mujeres, la visita del médico en su lugar de residencia es mucho más que una visita asistencial, es una garantía de seguridad, de saberse protegidos y cuidados. Las opciones que se les ofrecen todavía hoy (a ellos y al resto de pacientes) son un número de teléfono al que puedes llamar hasta la extenuación durante dos días sin éxito o una aplicación móvil de cita previa que tampoco funciona. En ambos casos, cuando la suerte sonríe al solicitante, lo único que se consigue es ser puesto en una lista de espera interminable de llamadas a devolver por parte de su médico de cabecera y/o pediatra, un sistema que choca frontalmente con lo que a priori parece necesario para un diagnóstico adecuado: la observación. ¿A qué conduce esta forma de gestionar la atención primaria? Pues, por ejemplo, a que te receten antibiótico sin confirmar infección o a que no te lo receten cuando lo necesitas y, con ello, el efecto dominó sigue aumentando: terminas por acudir a las urgencias hospitalarias en una consulta que debería ventilarse en Atención Primaria.

Estas son dos de las consecuencias, pero hay más. A añadir al listado, el deterioro en la relación entre médico y paciente, como reconocía hace unos días Enrique Gilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia. “Nosotros no hemos cerrado las consultas. Ha sido un tema organizativo que ha llevado a un deterioro en la relación médico-paciente”, explicaba en una entrevista en Radio Segovia, en la que añadía que al propio personal sanitario no le gusta la atención sanitaria a través del teléfono: “nosotros queremos ver a nuestros pacientes”, decía.

Esta situación, que se consumó con la pandemia, venía ya gestándose desde tiempo atrás por parte de la Junta de Castilla y León, por eso no queda más remedio que desconfiar de sus intenciones de reapertura. Poco después de que PP y Cs, aun habiendo perdido las elecciones, llegaran a un acuerdo para gobernar en la región, aprobaba el Nuevo Modelo de Asistencia Sanitaria en el Medio Rural, o lo que es lo mismo, el desmantelamiento del sistema tal y como hasta ahora lo conocíamos y que significaba garantía de igualdad entre ciudadanos con independencia del lugar de residencia. Este nuevo sistema crea dos nuevas figuras: el Consultorio Rural de Agrupación (CRA), donde se pasaría consulta diariamente; y los Consultorios de Proximidad (CProx), “con actividad periódica en función del volumen de población y según las necesidades clínicas detectadas por la propia población y el personal sanitario, sin detrimento de la atención domiciliaria necesaria”, según el propio documento presentado por la Consejería de Sanidad, que viene a ser con cita previa y “ya si eso…”.

Decidieron probarlo en la comarca zamorana de Aliste y la pandemia, como decía, les dio la posibilidad de implementarlo en toda la comunidad. Los resultados, ya los tienen encima de sus mesas; ya los hemos sufrido los pacientes. Con este experimento lo único que aspiran desde la Junta de Castilla y León es paliar la falta de inversiones en materia sanitaria, tanto en recursos técnicos como humanos. No hay tasa de reposición, aún sabiendo que en torno al 50% de los médicos de familia se van a jubilar en los próximos años; y no la habrá mientras la precariedad siga describiendo los contratos del personal sanitario (médicas y enfermeros) de Atención Primaria en el medio rural. Incentívenles, fidelícenles, ofrezcan oportunidades de crecimiento profesional…, lo que sea para que vengan y mantener cada consultorio abierto, como sucedía hasta el pasado mes de marzo. Esos consultorios abiertos, además de un derecho para los pacientes, son un potente agente dinamizador de la vida de los pequeños pueblos, sobre todo en aquellos donde la población está más envejecida. La visita de su doctora o su enfermera es un revulsivo para ellos.

La pandemia ha hecho que mucha gente vuelva a ver o piense por primera vez en el mundo rural como un lugar en el que desarrollar proyectos vida. Por ellos, y por los que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, impulsen unos servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales…) de calidad. Si no lo hacen, no perpetúen pactos forzados y dejen paso a los que apuestan por lo público para romper desigualdades (que, además, ganaron las elecciones). Castilla y León no necesita más agravios comparativos.