El Tribunal Constitucional ha mantenido la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Catalunya, una inhabilitación que fue avalada durante la semana anterior por el Tribunal Supremo. Un rechazo por unanimidad de la medida cautelarísima solicitada por su defensa por parte de los magistrados, con la que solicitaban su restitución inminente tras la ejecución de la sentencia dictada contra su persona por el Alto Tribunal.
A pesar de la adopción de esta medida de suspensión el magistrado, Antonio Narváez, sí se comprometía a admitir a trámite su recurso, debido a la “trascendencia constitucional”, pero Quim Torra seguiría inhabilitado hasta estudiarse el recurso por el cual se le daría amparo en relación a la condena de un año y medio de suspensión, además de un multa de 30.000 euros por delito de desobediencia impulsado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el que se desoía la orden de la retirada de los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales del año 2019, una orden impulsada por la Junta Electoral Central.
Asimismo, los abogado Isabel Elbal y Gonzalo Boye solicitaban al Constitucional la suspensión de forma cautelar la inhabilitación, ya que de haber sido así, evitaban la pérdida de la finalidad del recurso y un “daño irreparable continuado”, un daño que según la defensa de Torra se esta produciendo contra la ciudadanía de Cataluña y contra el mismo.
Finalmente, en la demanda de amparo presentada, Torra se mostraba como víctima de la utilización de espuria “del proceso penal para dar una pretendida pátina de legalidad a lo que constituye un verdadero fraude constitucional: el derrocamiento del Gobierno de la Generalitat surgido de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, con su presidente en cabeza, por medios no democráticos y solo aparentemente legales”.