Las posiciones del PP y de su gobierno en la Comunidad de Madrid, en manos de Isabel Díaz Ayuso, siguen una actitud frentista contra el Gobierno de España en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, instalado desde hace meses en "la unidad y centrado en la lucha contra la Covid-19", sufre permanentemente una política de tierra quemada, plagada de provocaciones de la derecha y la ultra derecha que les invitan a la confrontación. Ante esto, el Gobierno ha optado por armarse de paciencia para priorizar lo verdaderamente importante ahora: "controlar la incidencia del Covid, especialmente en Madrid, que ostenta el 30% de los casos, muertes y hospitalizaciones". Así, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, armado de "paciencia infinita" en su negociación con el Gabinete de Ayuso, ha conseguido alcanzar un acuerdo para que Madrid asuma que debe endurecer las restricciones en su región para frenar el descontrol comunitario de la Covid-19, que es el más alto de toda Europa. Muchos pedían "Ya" una intervención inmediata del Gobierno que hubiera conllevado a un "choque de trenes y a un conflicto judicial entre administraciones", olvidando lo urgente de la situación. Si el "infantilismo político" de Ayuso, para tapar sus errores, exigía "un criterio común para todas aquellas ciudades españolas de más de 100.000 habitantes por el que se llevarán a cabo limitaciones a la movilidad cuando se superen unos determinados umbrales en tres parámetros concretos", Illa se lo ha concedido y de esa forma salvar a Madrid sin más dilación, donde ya se está llegando tarde.
Tras intensas negociaciones y días de incertidumbre, el ministerio de Sanidad de Salvador Illa y el Gobierno regional del PP y C’s han llegado a un acuerdo para abordar de forma urgente, conjunta y coordinada la lucha contra la pandemia que se encuentra sin control en la Comunidad de Madrid.
Este martes, en una reunión del Grupo Covid-19 formado tras el acuerdo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, se llegaba a un preacuerdo que debe ser ratificado hoy en el Consejo Interterritorial por el resto de Comunidades Autónomas ya que las medidas que se adoptarán también afectan al resto de territorios de España.
El ministerio lleva días insistiendo en que se deben implantar las recomendaciones que han hecho a la Comunidad de Madrid de manera urgente porque la pandemia está descontrolada y amenaza con extenderse por toda España, dada la posición de irradiación al territorio nacional que ostenta la capital de España, como se demostró al inicio del verano cuando los madrileños llevaron el virus de vacaciones, lo que obligaría a todos a volver a un confinamiento parecido al del mes de marzo. Pero la Comunidad de Madrid, que siempre se sitúa en una posición frentista respecto al Ejecutivo de la nación, se negaba a tomar medidas más drásticas. Su postura es que las medidas de confinamiento parcial de 45 zonas básicas de salud son más que suficientes y no dudan en “retorcer” los datos de hospitalizaciones para hacer ver que las decisiones que han tomado van en la buena dirección. Cuando éstas, son manifiestamente insuficientes para atajar una situación epidemiológica de transmisión comunitaria.
Finalmente, el Ministro Illa ha conseguido que se atienda a sus recomendaciones y previsiblemente se extenderán las restricciones a todos los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplan tres criterios:
-Que la incidencia acumulada en los últimos 14 días sobrepase los 500 contagios por 100.000 habitantes.
-que haya resultado positivo que superen 20% del total de pruebas PCR realizadas.
-que la ocupación de camas de UCI superen el 35%.
Por su parte, la Comunidad ha accedido a seguir esos criterios, pero deben ser para el conjunto de España. El acuerdo consiste en que estos baremos serán comunes para las 63 ciudades de España que superan los 100.000 habitantes. El asunto es que en este momento solo 10 llegan a esos límites y todas ellas están en la Comunidad de Madrid. Son la propia capital de España y Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Parla, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Getafe.
Solo falta que los consejeros de sanidad del resto de Autonomías den el visto bueno a este acuerdo bilateral que debe convertirse en multilateral. El ministro Illa asumía este martes que la predisposición del resto de representantes de las CCAA era favorable a asumir el acuerdo, aunque puede haber reticencias en Cataluña o el País Vasco, poco amigos del denominado “café para todos”.
Precisamente la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergès, ya ha declarado que “no nos sentimos interpelados por los acuerdos que tengan con Madrid”. De hecho avisan que las medidas que se recomiendan para Madrid “no son el marco de referencia de Catalunya” y adelantan que sus baremos serán más estrictos puesto que no quieren llegar en ningún caso a los preocupantes números de contagios que se dan en la Comunidad de Madrid.
Tras la reunión de la interterritorial, aún quedan muchos flecos por definir, pero son de carácter técnico y se centran en las medidas que se tienen que imponer. Estarán centradas en limitar la movilidad de las personas al máximo. Así, en las ciudades o zonas sanitarias restringidas se prohibirá la entrada y salida salvo para acudir al trabajo, a los centros educativos, al médico, a citaciones judiciales, renovación de documentos y causas de fuerza mayor. Además se prohibirá el acceso a parques y jardines, se limita el horario de comercios que deberán cerrar a las diez de la noches, también se limitan los aforos así como las reuniones que quedarán limitadas a un máximo de seis personas, excepto que sean convivientes.
Todo ello está pensado para que el virus circule lo menos posible y se consiga en breve tiempo
doblegar la curva de contagios que amenaza con
saturar nuevamente la infraestructura hospitalaria,
algo que en Madrid ya está a punto de suceder si las medidas del Ministerio de Sanidad no se implementan con urgencia.