Nueve partidos exigen en el Congreso que se desbloquee la renovación del Poder Judicial que lleva dos años en funciones

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra

Nueve partidos exigen en el Congreso que se desbloquee la renovación del Poder Judicial que lleva dos años en funciones

Los 187 diputados de los nueve Grupos Parlamentarios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, han lanzado un comunicado en el que exigen al resto de grupos, PP, Vox y Ciudadanos, que permitan renovar las instituciones que permanecen en funciones ya que se necesita una mayoría cualificada del Congreso para que se pueda elegir a nuevos miembros. Se trata del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de todo el poder judicial; pero también el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Esta semana el Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes pretende abordar el nombramiento de diez cargos para puestos clave en salas muy relevantes como la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se resuelven, entre otros asuntos, los casos de corrupción de Gürtel o los ERE.

El problema es que el órgano de gobierno de los jueces que elegirá de forma discrepcional está en funciones desde hace más de dos años y los actuales miembros fueron nombrados cuando el Partido Popular gozaba de una amplia mayoría absoluta parlamentaria, y se seleccionaron a los actuales miembros del CGPJ en virtud a aquellos equilibrios parlamentarios.

Pasado el tiempo, con el PP en la oposición y con una nueva composición del Congreso y del Senado que son las cámaras que deben elegir a los 20 miembros que dirijan el gobierno de todo el poder judicial, urge esa renovación que es un mandato constitucional. Pero el Partido Popular se niega a entrar en negociaciones para renovar ésta y otras instituciones constitucionales que conforman la base misma de nuestra democracia. Su negativa viene del hecho de que dejará de decidir la mayoría de los nombramientos y los equilibrios entre jueces y juristas pertenecientes al sector conservador y al progresista deben cambiar necesariamente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ejecutivo en pleno llevan meses haciendo un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias para que se aborde la renovación institucional y se deje atrás este fallo democrático que supone tener en funciones el CGPJ o miembros del Tribunal Constitucional.

El problema es que la nueva composición del órgano de los jueces debe contar con una mayoría cualificada de tres quintos de la cámara, eso supone agrupar 210 votos y, por extensión, se hace indispensable la participación del Partido Popular. El resto de formaciones no suman para salir de este bloqueo. Y nadie puede obligar al PP a participar en el trámite constitucional.

La última llamada a la negociación ha partido de nueve grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que suman 187 votos (mayoría absoluta). Se trata de los representantes del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Teruel Existe y Nueva Canarias. En un comunicado conjunto hecho público este domingo piden al resto de partidos que se sumen a ellos y cumplan con el ordenamiento jurídico.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:

Los Grupos y fuerzas parlamentarias que representan más de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados exigen la colaboración del resto de los Grupos Parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado.

Algunas de las principales instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, agotaron hace tiempo, de forma total o parcial, el plazo de ejercicio establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de organismos que ejercen un papel fundamental para el funcionamiento normalizado del Estado de Derecho. El incumplimiento de la obligación legal de proceder a su renovación afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos. La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente establecen con claridad la obligación inexcusable de los Grupos Parlamentarios que integran las Cortes Generales para proceder entiempo y forma a la renovación de estas instituciones básicas. Los Grupos Parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad. Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante. En consecuencia, los Grupos y fuerzas parlamentarias abajo firmantes, que contabilizan más de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y, por tanto, la mayoría de la representación de la ciudadanía, exigen al resto de los Grupos Parlamentarios que, de manera inmediata, cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente de las instituciones citadas”.

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