La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha alcanzado un acuerdo de última hora con sindicatos y patronal para regular las condiciones del teletrabajo. Estas negociaciones se extendieron hasta última hora del lunes logrando un consenso entre las partes implicadas in extremis debido a que ese mismo día terminaba el plazo de la regulación que comenzó el pasado 17 de marzo en materias que concernían a la crisis del Covid – 19, entre ellas el trabajo a distancia. Sindicato y patronal daban prioridad a otro tipo de negociaciones, entre ellas la regulación de los ERTE, pero desde Trabajo no estaban dispuestos a abandonar esta regulación, desarrollando la norma en un Decreto – Ley de carácter urgente que pretenden llevar hoy mismo ante el Consejo de Ministros para su consiguiente aprobación.

Esta norma, que todavía tiene carácter de preacuerdo, se consigue tras numerosas reuniones que culminaron el pasado 9 de septiembre en un acuerdo con las Comunidades Autónomas que permitía adherir este texto al Estatuto Básico del Empleado Público como el artículo 47 bis. Un día más tarde, se estableció una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, liderada por Darias, que permitiría salvar las discrepancias y llegar ayer por la tarde al acuerdo con las organizaciones sindicales. Esta misma mañana los organismos de patronal y sindicatos tenían previsto ratificar el texto en una reunión extraordinaria, lo que permitirá que el texto avance hacía el Consejo de Ministros. CEOE ha ratificado con unanimidad el acuerdo y UGT tiene previsto ratificarlo según declaraciones de su secretario general, Álvarez Suarez, que ha declarado que la nueva ley “permite avanzar” en materias de derechos de los trabajadores.

Las negociaciones entre Ejecutivo, patronal y sindicatos se complicaron debido a la divergencia de intereses entre los distintos organismos sobre la incorporación y aplicación de las características del próximo Decreto – Ley. Uno de los principales conflictos se debía a la aplicación o no del nuevo artículo en aquellas empresas que han incorporado el teletrabajo como medida extraordinaria para continuar su actividad durante la crisis del coronavirus. Finalmente, se cedió a las presiones de la patronal que sostenía que esta situación será solo una solución temporal para muchas empresas y estas no se verán obligadas a adaptarse a la nueva normativa. El resto de empresas sí tendrán que adaptarse a estas medidas en un periodo de un año si ya existía entre sus regulaciones una en materia de teletrabajo o en seis meses si no existía clausula previa en el contrato. De ser aprobada por el Consejo de Ministros, la norma entraría en vigor en tres semanas.

La nueva regulación afectaría a los empleados del sector público, un total de 3,2 millones de trabajadores. La nota publicada por el Ministerio de Política Territorial define el teletrabajo como “voluntario y reversible” por lo que dependería de un previo acuerdo entre empleador y empleado que quedaría formalizado en el contrato laboral. Además, nunca podrá considerarse absoluto, ya que es necesario garantizar la prestación de los servicios públicos. Para que el trabajador se pueda acoger al decreto su jornada laboral tendría que desarrollarse al menos en un 30% de forma telemática en los próximos dos meses, lo que se traslada a un total de dos días laborales por semana. Esto supone un aumento del 10% de la tasa original, aumento que se efectuó bajo demanda de la patronal con la oposición de los sindicatos.

Una de las principales novedades de la norma es que las empresas estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores que se acojan al contrato de teletrabajo las herramientas y los medios necesarios para poder realizar sus actividades en estas circunstancias. Así, las empresas correrán con estos gastos que serán señalados por medio de un convenio colectivo entre empleador y empleado, medida muy aplaudida por los miembros de los sindicatos. El texto también señala que estos empleados deberán acogerse a la normativa de prevención de riesgos laborales correspondiente, garantizando la protección de sus derechos como trabajadores, y que estos se acogerán a las mismas condiciones que aquellos empleados que realicen sus actividades de forma presencial.

La nota de prensa publicada por Moncloa destaca que esta regulación del teletrabajo servirá, no solo para proteger a estos trabajadores, sino también como materia de conciliación entre el desarrollo profesional y la vida personal y como norma acorde con las metas del desarrollo sostenible, al reducir las emisiones que supone el transporte al trabajo. El Ejecutivo también recuerda que la regulación del trabajo a distancia era una materia que ya se encontraba en su agenda política pero la crisis del coronavirus y el reciente aumento de los trabajadores que se acogen al mismo ha adelantado el proceso.