Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, cita a petición de la Fiscalía Anticorrupción al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el llamado caso “Kitchen” del caso “Tándem”, en el que se ha investigado al operativo de la policía que fue pagado con fondos reservados para lograr documentación que comprometía a Luis Bárcenas.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 acordaba este viernes citar a Jorge Fernández para declarar el próximo 30 de octubre, interrogándole como marco de esta pieza clave, en el pago con fondos reservados para la sustracción de información sensible del Partido Popular, con un objetivo de ocultación a las autoridades. El magistrado no ha citado a María Dolores de Cospedal, secretaria del PP y ministra de Defensa, a pesar de la solicitud de la Fiscalía, y tan poco a su marido, Ignacio López del Hierro, una imputación en la que el Ministerio Fiscal solicitaba la imputación a los tres, por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que, se impondrá, antes de resolver la citación solicitada respecto a Cospedal y su esposo, citar de nuevo a Francisco Martínez, ya que en su primera citación se negaba a declarar, y ha manifestado de nuevo su voluntad para compadecer ahora en presencia judicial, una citación que tendrá lugar el 29 de octubre.
Asimismo, el Informe de la Fiscalía Anticorrupción, solicitaba dichas imputaciones tras el acceso a la documentación, a los mensajes personales de Martínez dirigidos al exministro, y los recibos del exchófer de Bárcenas, unos recibos en los que habría recibido más de 53.000 euros por la colaboración de un operativo con más de 70 agentes.
Además, también serán citados como testigos el sacerdote Silverio Nieto, Jorge Sanchís Bórdelas, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez y el asistente Icíar Castro Álvarez.
El juez ha apuntado que es evidente de la existencia de un encargo efectuado a Villarejo encaminado a la obtención de información de Bárcenas, ya que el estudio de las grabaciones incautadas indican que el verano de 2013 pudieron producirse un acceso ilegal en el local del General Díez Porlier, un estudio de arte de la mujer de Bárcenas en donde se hallaba un zulo en el que se guardaba la información. Una documentación que podían haber poseído también otros imputados en el caso, como el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, al que Villarejo insistía notablemente para que la información le hiciera llegar.
Hablamos de una operación parapolicial que se realizaba al margen del grupo de la UDEF, que es el designado para diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, sostenido con cargo de los fondos reservados.

Castellón ha recalcado que aunque el ex jefe de la UCAO niega el paso que tiene que ver con Kitchen, si reconoce la recepción de fondos reservados de Interior, con los que compraba una pistola de 700 euros para el chófer de Bárcenas, y para material informático por valor de 1.905 euros. Por otro lado, también ha querido explicar que en la declaración de García Castaño, en la que implicaba a Francisco Martínez, le había hecho entrega de dos teléfonos que entregaba al chófer, además, de que apunta haber leído mensajes de WhatsApp mandados al cura Siverio Nieto en nombre de Francisco Martínez, unos mensajes en los que se hablaba de la necesidad de entregar actas notariales sobre Kitchen, que supondrían “la situación de Jorge y de probablemente de Mariano Rajoy”. Unos mensajes y una conversación en 2013 en la que se hablaba de la operación volcada de dos teléfonos y un iPad, realizada con éxito, ya que estos contenían información para la defensa de Bárcenas, señalando a estos dos altos cargos de Interior como diana por el juez, el que ha indicado que la operación “parece traer causa de un encargo efectuado por órganos superiores del Ministerio del Interior”.
Al hilo de la cuestión, el juez ha determinado que los principales indicios con la secretaria general del Partido Popular, son “su conexión con el investigado Andrés Gómez Gordo”, el inspector que prestaba servicios de vigilancia personal para ella misma, todo apunta a que “Gómez Gordo fue quien podría haber ayudado a Villarejo a aproximarse a Sergio Ríos tras haber fallado en el Intento García Castaño”, y el que declaraba y negaba cualquier intervención entre López Hierro y Cospedal, en el posible acercamiento a Sergio Ríos.

Por otro lado, la citación de los testigos de Jorge Sanchis e Iciar Castro, han indicado que se los citaba por cercanía con el que fue secretario de Estado a tenor de las comunicaciones registradas en el celular investigado. Unas conversaciones entre Martínez y Castro en el que se le decía que éste sabía que no era un delincuente y que le habían engañado, respondiendo, por parte de Martínez, que habían estado en “una piscina de tiburones”, y que había sido un “pringao”, reprochando que Fernández Díaz sostenga que el realmente no sabía nada del asunto.