El Tribunal Supremo abre una causa penal a Fernando Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional, tras apreciar indicios de delito de maltrato en al ámbito familiar. A su vez, el juez Andrés Martínez Arrieta ha sido designado instructor de la causa por la Sala de lo Penal. A pesar del testimonio exculpatorio de su mujer, tanto la jueza de guardia, como el instructor, aprecian indiciós de malos tratos.
El Tribunal Supremo abre una causa penal a Fernando Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional, tras apreciar indicios de delito de maltrato en al ámbito familiar. El juez Andrés Martínez Arrieta ha sido designado instructor de la causa por la Sala de lo Penal. La Sala ha explicado que la exposición razonada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda deja claro que de las diligencias practicadas "se aprecian indicios de la eventual comisión de delitos de malos tratos", por parte del magistrado investigado. Criterio que ha sido asumido por la Fiscalía.
Además, la Sala de lo Penal del Supremo, añade que también comparte esa valoración, ya que pese a las manifestaciones del magistrado y su mujer, el examen de las declaraciones de ambos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficientespara descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias”. Y de ahí, el que se haya designado un instructor, ya que conforme al turno que se estableció previamente, para que el mismo y con “libertad de criterio, pueda acordar las diligencias que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, resolviendo en su momento conforme previene la ley procesar penal”.
Estamos hablando de un caso de Violencia de Género, que recordemos es un delito penal que castiga con penas de prisión que van de los 6 meses a un año, o trabajos a la comunidad a quien, como parece ser el caso, “cause a otro menoscabo psíquico, lesiones, o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer, que este o haya estado ligada al mismo, aun sin convivencia”. Además, la pena se elevaría su el presunto delito tiene lugar en el domicilio en el que ambos conviven.
Este caso de presunto maltrato a una mujer, esposa del magistrado, data de mediados del pasado mes de agosto en el que los vecinos de la localidad del magistrado de 75 años, llamaban a la Guardia Civil tras escuchar gritos de su cónyuge por el balcón pidiendo socorro. Tras declarar, el magistrado Valdés quedaba en libertad debido a su delicado estado de salud, y por la alerta sanitaria por coronavirus, tras el testimonio exculpatorio de su esposa, en el que, aseguraba que las discusiones se daban con periodicidad, y que no había sufrido agresión alguna, por lo que, ésta rechazaba rotundamente ser examinada por un forense.
No obstante, la jueza que tomó la primera declaración a los dos implicados, en la que posteriormente remitía una exposición razonada al Tribunal Supremo, notificó la existencia de indicios de delito de maltrato en el ámbito doméstico.