La pasada semana, la Comunidad de Madrid vio como la justicia ordinaria tumbaba su normativa para hacer frente a los brotes del coronavirus. Medidas como la prohibición de fumar si no hay distancia social, en principio, no fueron corroboradas hasta que no llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No sucedió lo mismo, por ejemplo, en Galicia, donde sí pasaron el trámite en los juzgados.

Por este motivo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el Grupo Parlamentario Socialista plantearán al resto de formaciones políticas una modificación normativa con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de las medidas aprobadas por las Comunidades Autónomas pensadas para hacer frente a los rebrotes del coronavirus pero que afectan en alguna medida a derechos fundamentales y, por ello, la justicia termina por no avalarlas.

Los socialistas proponen una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos:
1) Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general.
2) Establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones.
3) Establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación.
4) Incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos.

La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a CCAA, y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio.

Esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.