El acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias, permite a los Ayuntamientos incrementar su gasto público sin caer en déficit en un marco de reactivación económica, así como la necesidad de fortalecer el Estado de Bienestar para combatir los efectos causados por la pandemia por Covid-19.

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha explicado que com ello, el Gobierno muestra su compromiso con el municipalismo proporcionando a las corporaciones locales el protagonismo necesario en la fase de recuperación de la economía tras los daños de la pandemia que vivimos desde hace más de seis meses. Los ayuntamientos podrán utilizar la mayor capacidad de gasto para mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementando la oferta de vivienda asequible en alquiler o construyendo escuelas infantiles.

La ministra ha recordado que el Real Decreto-Ley de medidas financieras, aprobado por el Gobierno el pasado 4 de agosto, de carácter extraordinario, para las entidades locales, es la respuesta a la petición de los ayuntamientos de poder utilizar los remanentes de tesorería, una posibilidad técnicamente compleja de adecuar en la legislación vigente. También ha resaltado en su intervención que la propuesta responde “punto por punto” al dictamen de la Comisión de Reconstrucción aprobado por todos los grupos políticos en el bloque de reactivación económica.

Montero, asimismo ha recordado que el acuerdo recoge la petición de no aplicar la regla de gasto para los ayuntamientos en el ejercicio 2020, una medida en la que la ministra se ha comprometido a extender a 2021 incorporándola en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Además, el acuerdo también responde a otro punto del dictamen al contemplar que los municipios puedan gestionar parte de los fondos europeos recibidos para paliar los efectos de la pandemia.

En este sentido, Montero ha recalcado que el acuerdo con la FEMP “es mucho más ambicioso y amplio” respecto al planteamiento por parte de las formaciones políticas en este dictamen al incluir un fondo adicional de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos con remanentes así como una variedad de medidas orientadas a las corporaciones con dificultades financieras o la creación de un fondo de 275 millones, con la posibilidad de ser ampliable a 400 millones, para compensar las pérdidas en el sistema de transporte municipal.

La ministra se ha preocuado de puntualizar que el acuerdo se firma de manera voluntaria y que es de carácter beneficioso para los ayuntamientos que “no sólo es que en ningún caso pierden dinero, sino que obtienen más recursos y más capacidad de gasto en un momento en que es de máxima necesidad”.

Respecto a la capacidad de gasto, la ministra ha mencionado que la Constitución Española y la Ley de Estabilidad aprobada por el PP en 2012 impiden a los ayuntamientos incurrir en déficit. Sin embargo, Montero ha explicado que el acuerdo con la FEMP establece una fórmula que permite a los ayuntamientos con remanentes de tesorería incrementar su gasto público respetando la ley y el saneamiento de sus cuentas públicas.

Asimismo, ha destacado que las corporaciones locales que se adhieran al mismo se comprometen de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General del Estado por la totalidad de sus remanentes de tesorería, que el Estado transferirá a las Entidades Locales como ingresos no financieros. Además, de manera adicional, cada municipio recibirá como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo a la Administración Central, y que se podría incrementar hasta un importe total de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes.

Para el desarrollo de este proceso, el Estado se compromete a devolver íntegramente los remanentes en un plazo de 10 años o hasta 15 años si optan por unas condiciones financieras más favorables. Es decir, las Entidades Locales recibirán el 100% de sus remanentes y, además, hasta 5.000 millones adicionales. Este fondo adicional se transferirá a los ayuntamientos con un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Los recursos se liberarán en dos años a petición de la FEMP para dar tiempo a los consistorios a ejecutar esos 5.000 millones adicionales.

La ministra de Hacienda ha querido clarificar este aspecto, mencionando que para el Gobierno es una medida muy costosa que supondrá un déficit para el Estado, pero sin embargo, para las entidades locales no tendrá impacto negativo en sus cuentas, sino más bien al contrario. Asimismo, la ministra ha rechazado que con este mecanismo la administración central busque liquidez al recordar que el Estado puede financiarse a través de los mercados y a través del BCE con tipos de interés negativos, "por lo que no necesita de los remanentes de las Entidades Locales para contar con ingresos".

Por otro lado, respecto a los intereses negativos, Montero ha afirmado que dicho acuerdo con la FEMP permitiría a las Corporaciones Locales ahorrarse el pago de 70 millones de euros anuales en intereses negativos que actualmente abonan los ayuntamientos a los bancos por tener depositados sus remanentes.

El decreto que recoge el acuerdo con la FEMP aprobado por el Gobierno, incluye que de forma extraordinaria no se aplica la regla de gasto en los ayuntamientos durante el ejercicio 2020. Montero se ha comprometido a extender esta medida a 2021 a través de los próximos presupuestos.

Además, también se permitirá excepcionalmente prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávits de 2018.

Asimismo, el decreto recoge que en los Presupuestos Generales del Estado se incluirá un Fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal durante el período del Estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por la COVID.

Por último, la ministra ha querido destacar aquellos municipios que se encuentran en riesgo financiero, para ello se han creado dos instrumentos:

• Se permitirá formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos para financiar el remanente de tesorería negativo que presenten dichas entidades al cierre del ejercicio de 2019.
• Se permitirá realizar, con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes a estos ayuntamientos con problemas, de carácter finalista, considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto.