Respecto a la decisión del juez, se ha confirmado que “la sentencia establece que la falta de publicación de una norma jurídica no afecta a su validez, dado que las medidas aprobadas por el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud y declaradas en la Orden Ministerial de 14 de agosto de 2020, tienen como destinatario a las autoridades sanitarias autonómicas, como interlocutores de la administración del Estado, y no los ciudadanos”.

Por otro lado, en cuanto a las acciones que puedan tomar las Comunidades Autónomas, han informado que “las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma puedan acordar acciones preventivas generales y adoptar las medidas y limitaciones sanitarias que consideren oportunas cuando concurren razones sanitarias de urgencia o necesidad o para controlar enfermedades transmisibles, siempre que queden justificadas y se acomoden al fin último de prevención y control de la salud individual y colectiva”.

Sobre las medidas sanitarias, el juez de instancia debía constreñir así como adecuar su nombramiento, los magistrados han declarado que “sin realizar una valoración general de la legalidad de la orden autonómica, así hizo, en una sentencia susceptible de recurso de casación en el plazo de treinta días".