La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no entiende las críticas del Partido Popular ante el acuerdo entre la FEMP y el Ejecutivo para poner en marcha un mecanismo por el que las entidades locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería, bloqueados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La ministra ha señalado que se trata de un proceso voluntario que cada municipio decide si sumarse a él o no, pero de no hacerlo podría suponer la pérdida de grandes cantidades de dinero para invertir. En total, el Gobierno pondría en manos de los alcaldes y alcaldesas 5.000 millones de euros en los próximos dos años. Y también se recoge una vía para dotar presupuestariamente a aquellos consistorios que no tengan remanentes.
El presidente del Gobierno, tras su despacho con el Rey Felipe VI, respondió a las preguntas de los periodistas sobre el superávit municipal y se mostró dispuesto a dialogar con el resto de grupos políticos para llegar a un acuerdo. La reacción del PP y de otros partidos al acuerdo entre la FEMP y el Gobierno ha hecho que el PSOE no enga garantizada la ratificación de su Real Decreto en el Congreso de los Diputados lo que podría hacer decaer la medida. Por ello, desde las filas socialistas se centran en el diálogo. La ministra Mª Jesús Montero ha enfatizado que “es la única solución posible que permite, a juicio de los abogados del Estado, que los ayuntamientos puedan gastar el superávit”.
La ministra de Hacienda, ha recalcado que el acuerdo ha sido firmado y pactado por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Y pidió al resto de partidos altura de miras para resolver la situación. Enfrente del Gobierno se han situado PP, Ciudadanos, PDeCAT, ERC, BNG o PNV, por lo que el Ejecutivo está obligado a sentarse a negociar si quiere sacar adelante esta vía de financiación para los Entes Locales. El Ejecutivo, en palabras de la titular de Hacienda, está dispuesto a introducir enmiendas al Real Decreto, pero en el trámite parlamentario posterior a la convalidación de la medida en el Congreso de los Diputados.
Montero ha explicado que “Es en acuerdo desde el diálogo con la FEMP, que es el legítimo representante de los ayuntamientos. Y si ahora, el Congreso de los Diputados no quiere darle formalidad sería una pena que los ayuntamientos se quedasen sin posibilidad de utilizar el remanente ni relajar las reglas fiscales”.
Hace una semana, el Ejecutivo se reunió con Abel Caballero, máximo representante de la Femp, para firmar un acuerdo para que los ayuntamientos pudieran gastar sus remanentes, así como, aquellos consistorios que dispongan de ello lo cedan voluntariamente al Gobierno para poder tener acceso a un fondo de 5.000 millones de euros.
Ante tanta revuelta, en cuanto a la decisión de los ayuntamientos, la ministra ha intentado calmar las aguas, ofreciendo la opción de que el Ministerio de Hacienda se haga cargo de los intereses bancarios de los ayuntamientos que decidan emplear su superávit al Gobierno, a lo que Sánchez se ha sumado a la decisión ofreciendo una renegociación.
Aun así, el PP y los partidos catalanes no van a ceder tan fácilmente y van a seguir manteniendo su decisión ante la decisión del Gobierno.
El Presidente del Gobierno dispone de 30 días hábiles para conseguir la máxima votación de este convenio, pero ante la postura por parte de los partidos de la oposición, el decreto de ley a día de hoy, está más cerca de ser abolido que refrendado.