El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de Ómnium Cultural alegando que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares contra una persona que no tiene la condición de investigado, como es el caso del Rey emérito. La entidad catalana que dirige Jordi Cuixart habría solicitado la declaración de Don Juan Carlos ante el alto tribunal, así como la retirada de su pasaporte y el dictamen de la prohibición de salir del territorio nacional por si aún se encontrase en España.

La Fiscalía del Tribunal Supremo es la institución responsable de investigar si Juan Carlos I habría cometido delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Un proceso que se ha abierto después de destaparse la posible involucración del Rey emérito en el pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca y la investigación por sus cuentas en el extranjero con fondos no declarados a Hacienda. A pesar de ello, desde el alto tribunal insisten en que no existe ninguna investigación formal.

Las medidas solicitadas por Ómnium Cultural han sido rechazadas un día después de registrarse. La petición se une a otra querella presentada por la entidad hace un mes ante el Supremo. En ella piden que se investigue la procedencia de la “fortuna” del rey emérito y que se bloqueen sus cuentas en Suiza puesto que existen “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”. La petición fue registrada el pasado 3 de julio en el Supremo y en la Sala de los Penal, hasta el momento no se ha pronunciado.

Tras conocer el rechazo del alto tribunal, la entidad ha reaccionado en su cuenta de Twitter exigiendo que se admita a trámite la querella y ha critica el rechazo de las medidas cautelares.

El revuelo causado tras la marcha de Juan Carlos I ha obligado a su abogado, Javier Sánchez-Junco Mans, a declarar y ha asegurado que pese a su marcha Don Juan Carlos está “a disposición del Ministerio Fiscal”.