El 6 de febrero de 2014, en la Playa del Tarajal, morían ahogados tratando de eludir la zona perimetral de la valla fronteriza y alcanzar a nado la playa 15 migrantes, fue lo que se denominó “Tragedia de El Tarajal”. El Gobierno de España encabezado por Mariano Rajoy y el ministro de interior Jorge Fernández, respaldaron la actuación de los agentes.

El día de los hechos sobre 250 migrantes del África subsahariana, intentaban alcanzar la costa española, agentes de la Guardia Civil utilizaron medidas disuasorias, como botes de humo, pelotas de goma, aun así, unos 23 lograron alcanzar la playa y fueron devueltos en caliente a Marruecos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta imputó por los hechos ocurridos a 16 guardias civiles, entre los que había un capitán, un teniente y un sargento, por delitos de homicidio imprudente y lesiones. El caso se archivó en octubre de 2015 por orden de la jueza María del Carmen Serván, que afirmó que nada apuntaba a un uso inadecuado del material.

Varias ONGs presentaron recurso de apelación pidiendo una investigación más exhaustiva, en 2017 se reabrió el proceso, porque hubo diligencias no practicadas, en particular las que le correspondían a Marruecos.

Pues bien, la Audiencia Provincial absolvió este martes día 29, a los guardias civiles implicados en el 6F y declaró que:

“El sobreseimiento libre de la causa por los hechos calificados como delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio”.

Según el auto la sentencia que se emitida decía:

“Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores y emplearon el material antidisturbios con ánimo disuasorio y no lesivo”.

Una de las ONGs, la Asociación Elin, ha confirmado a este medio que “no pararan hasta que se haga justicia”. Muestran su no conformidad con la sentencia y seguirán luchando hasta que se haga justicia por la muerte de estos jóvenes en la playa el 6F, aparte denunciarán las devoluciones en caliente y exprés, reclamando vías legales y seguras, para que las personas puedan circular libremente. También, cualquier violación de Derechos Humanos en la frontera.