Algunos ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular y otros partidos políticos han mostrado al Gobierno Central su desacuerdo por el plan que ha diseñado para que los entes locales puedan utilizar sus remanente presupuestarios. Hay que recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el gobierno de Rajoy impide legalmente a los ayuntamientos endeudarse y reinvertir sus ahorros. Por este motivo, desde Hacienda se ha propuesto una vía alternativa que permita a los municipios tener capacidad económica para hacer frente a la crisis del coronavirus. Ésta consiste en que los ayuntamientos "presten" ese dinero al Gobierno de España para que se les devuelva en dos tramos, uno ya inmediato, de alrededor de 5.000 millones; y el restante, de unos 13.000 millones en un periodo de 10 años. Los alcaldes no están de acuerdo en el sistema, pero aún se negocia a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se pueda apruebar la medida en un futuro Consejo de Ministros.
En caso de que los ayuntamiento aprueben el plan de Hacienda, los municipios podrán gastar de manera inmediata alrededor de 5.000 millones de sus ahorros acumulados en la última década. Pero el sistema propuesto por el Gobierno no convence a todos. Algunos alcaldes del Partido Popular también de otros partidos consideran que sólo podrían invertir esas cantidades en movilidad sostenible, servicios sociales o cultura y no a otras necesidades más acuciantes para los vecinos que solo los consistorios, al ser la administración más cercana, pueden percibir.
El asunto es que los ayuntamientos españoles han ahorrado a lo largo de los últimos 10 años una cantidad cercana a los 18.000 millones de euros. Este dinero vendría muy bien ahora, en plena pandemia del coronavirus, para que se pueda realizar políticas expansivas y de ayuda directa a empresarios, autónomos, creación de puestos de trabajo, servicios sociales, etc. El problema está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por Rajoy. Ese dinero no se puede utilizar y el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia vías alternativas para solucionar el problema. Su proposición es que los consistorios "presten" ese dinero al Gobierno central y éste se lo devuelva en dos tramos, uno inmediato por valor de alrededor de 5.000 millones de euros, y el resto, de 13.000 millones, en los próximos 10 años. Así tendrían de inmediato capacidad de inversión. Los alcaldes que han puesto reticencias a este sistema alegan que solo podrían utilizar ese dinero a movilidad sostenible, servicios sociales y cultura, y no a otras necesidades lo que les dejaría las manos atadas.
Pero la negociación continúa en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda presentó este jueves mejoras al acuerdo con las que pretende hacer avanzar la situación. Según adelanta el diario El País, la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda garantiza fórmulas para que todos los alcaldes participen en el reparto de las ayudas europeas del fondo de recuperación aprobado esta semana. Un acuerdo histórico del que España recibirá un total de 140.000 millones de euros.
Además, el nuevo documento contempla la creación de un fondo de transporte, con valor de 275 millones, para ayudar a los alcaldes a cubrir las pérdidas generadas por la pandemia en sus servicios de autobuses urbanos.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, del PP, ha pedido al Gobierno que se negocie con todos los alcaldes de todos los partidos, y ha asegurado que “o Hacienda empieza a tomar en serio a los Ayuntamientos o veo muy difícil el acuerdo”. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el concejal de Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, Jodi Martí; y otros responsables municipales en Cataluña y Galicia rechazan la oferta y piden una nueva negociación.
El presidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, convocó la semana pasada una votación para aprobar el plan, pero tuvo que cancelarla debido a la falta de apoyo mayoritario. Ahora Hacienda negocia contra reloj para poder presentar un real decreto que debe pasar el trámite del Consejo de Ministros y después la convalidación parlamentaria, donde tampoco se asegura el apoyo.