El Decreto impulsado por el ministro José Luis Ábalos tiene como objetivo regular el derecho de superficie para la promoción del alquiler asequible o social mediante la colaboración entre administraciones públicas y la iniciativa privada. Con esto busca evitar la existencia del canon a abonar a la Administración, y ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social.

Además, la aprobación del Decreto-ley posibilita a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla destinar aquellos fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no materializados en el compromiso financiero inicialmente acordado o no lleguen a comprometerse, como ayudas a otros programas de dicho plan durante la vigencia de este. De esta forma, quieren evitar que las comunidades tengan que reintegrar el dinero no ejecutado al Estado.

Otra de las medidas aprobadas es la ampliación de plazos en situaciones de vulnerabilidad. Se prolonga hasta el 29 de septiembre de 2020 la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago del préstamos con garantía hipotecaria, y hasta el 30 de septiembre la vigencia del bono social eléctrico o la garantía de la continuidad del suministro energético y de agua para consumidores domésticos en su vivienda habitual, entre otros.

En lo que se refiere a los transportes, el Real Decreto-ley busca proteger la salud de los trabajadores y viajeros en el ámbito aéreo, proporcionar liquidez a las empresas y reducir las cargas administrativas.

A partir de ahora, en el sector aéreo, se hace obligatorio en España el cumplimiento de las directrices para la gestión de pasajeros y tripulaciones de vuelo emitidas por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de manera conjunta.

La aprobación del Real Decreto-ley de medidas de reactivación económica supone un importe presupuestario, inversor y financiero muy relevante tanto para empresas públicas como privadas. Las medidas adoptadas tendrán un impacto económico en el sector privado del transporte y en materia de reducción de tasas portuarias por un valor de 663 millones de euros.

Respecto al ámbito público, la norma aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones, con el fin de compensar la caída de demanda durante la pandemia y así impulsar la recuperación de servicios. Además, se destinarán 110 millones de euros de aportación extraordinaria a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Mercantil Estatal y Sociedad Anónima, para que pueda continuar con sus compromisos de obras públicas a medio plazo.