Según la carta que ha publicado este viernes el periódico El Mundo, dicha petición se produjo tras la abdicación del actual Rey emérito. Ella se negó al reintegro “para evitar potenciales acusaciones por delitos financieros” y, según Larsen, este reacción acusándola de “haberle robado sus bienes”, lo que habría desembocado en una “campaña de difamación” contra ella.
La misiva asegura que la petición se hizo tras la abdicación (19 de junio de 2014), pero no concreta la fecha. En caso de que esta información se confirmara, supondría que Juan Carlos I estaba ocultando su fortuna tras haber perdido su inviolabilidad legal que la Constitución Española le reconoce como Jefe de Estado.
La misiva enviada por los abogados de Corinna, mientras la empresaria ya estaba siendo investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa por delito agravado de blanqueo de capitales. En paralelo también estaban siendo investigados los gestores de la Fundación Lucum, Arturo Fasana y Dante Canónica. Los beneficiarios de dicha fundación hubieran sido Felipe VI y sus hermanas tras la muerte del monarca.
La existencia de esta correspondencia fue revelada el 15 de marzo de 2020, pero es la primera vez que se conoce la integridad de la misma. En ella, desde el despacho de abogados Kobre & Kim, se dirigen a Alfonsín para que le comunique a Felipe VI “importantes hechos” que afectan a su defendida para pedirle “abrir un canal confidencial de comunicación con la Casa Real y sus representantes legales”.
Ante tal comunicado, el actual Rey anunció que rechazaba la herencia de su padre y le retiraría la asignación, a la vez que aseguraba que se enteraba de la existencia de la Fundación Lucum gracias a la misiva. Además, sostenía que remitió una copia de esta carta a su padre y a “las autoridades competentes” en 2019. Más tarde se ha sabido que la remitente fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Este comunicado fue difundido un día más tarde de que el diario The Telegraph desvelara que el Rey Felipe VI era el principal beneficiario póstumo de las fundaciones Zagatka y Lucum, ambas sociedades ‘off shore’ en las que Juan Carlos I ocultaba más de 100 millones de dólares supuestamente procedentes de un regalo del rey de Arabia Saudita.
La carta acusa a Juan Carlos I y al Centro de Inteligencia Nacional de la “fabricación y filtración de ciento de noticias falsas en los medios de comunicación españoles que fueron rebotadas por la prensa internacional”, así como de comenzar una “campaña de difamación” contra Corinna Larsen.
El servicio secreto británico paró al CNI
Los abogados de la empresaria informaron a Felipe VI de que “tanto la Policía y los Servicios de Inteligencia británicos como el secretario personal de la reina Isabel II son conscientes de que las amenazas y el acoso proceden del CNI”. El propio MI5 “advirtió al jefe del CNI en la embajada española en Londres que esas operaciones debían cesar”.
Otra de las acusaciones de los representantes legales de Larsen es que “fue implicada en el escándalo del Instituto Nóos” que presidía Iñaki Urdangarin “por miembros de la casa real con el objetivo de proteger a la infanta Cristina”. Aseguran que crearon “la falsa impresión de que estaba implicada en delitos financieros importantes”.
En adición, el buffete Kobre & Kim, asegura de que “a pesar de las decenas de noticias falsas publicadas en la prensa español, nunca cobró una importante comisión por la adjudicación de la obre del AVE a La Meca”. “Como el Rey emérito bien sabe, Corinna no estuvo involucrada en ese negocio de ninguna manera”, finaliza el despacho defensor de la amiga íntima del ex Jefe del Estados español.