Publicado el 17 de julio a las 10:09
A lo largo de 509 páginas del auto, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia liderada por Jordi Pujol y que durante años les reportó cantidades millonarias, según el relato judicial, sin razón alguna.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata hizo público este pasado jueves su auto sobre la investigación judicial a la familia Pujol Ferrusola que encabeza el que fuese durante años presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol . En el trasfondo del asunto se sitúa la conocida ya como la “época del 3%” que denunció en la cámara autonómica el líder socialista Pasqual Maragall.
El magistrado acusa a los miembros de la familia de formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada en la vida política catalana que se extendía también a la sociedad y la economía, acumularon durante décadas un patrimonio desmedido directamente relacionado con las comisiones económicas procedentes de actividades corruptas. En realidad, el sistema en su base era, presuntamente, de lo más sencillo Por cada obra, contrato o servicio público que las administraciones catalanas adjudicaban se reservaba el 3% de la operación, que algunos elevan al 5%, para pagar comisiones . Ese dinero acababa, presuntamente, en manos de la familia de los Pujol.
En el auto se pone fin a la instrucción de la pieza principal del caso, y se llega a la conclusión que los actos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de organización criminal o asociación ilícita , así como blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La resolución contra el expresidente Jordi Pujol se extiende también a su mujer Marta Ferrusola y a los siete hijos de la pareja; además de otras 18 personas que participaron o colaboraron activamente en las actividades ilegales.
El auto, de 509 páginas, explica que la investigación durante estos años ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios , “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas ”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi P.S. entre 1980 y 2003.
No se ha acreditado la existencia de una herencia secreta del abuelo. La procedencia de dicho patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente del abuelo Florensi P.B.
“A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular ”.
Así, paradójicamente, explica de la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado ; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades).
El origen de los fondos
En ocasiones, continúa De la Mata , el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia , disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones , etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán.
Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.
Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, “cuya existencia real no ha quedado acreditada ”, señala. De hecho, añade, en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente . En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.