También recomienda aplicar restricciones a las empresas condenadas por delitos fiscales graves, como fraude financiero, corrupción o impago de impuestos y obligaciones en materia de seguridad social, entre otros posibles.

El objetivo de esta recomendación es proporcionar orientación a los Estados miembros es que se impida el uso indebido de fondos públicos y refuercen las salvaguardias contra los abusos fiscales en toda la Unión Europea. Al coordinar las restricciones en materia de ayudas financieras, los Estados miembros también evitarían desajustes y distorsiones en el mercado único.

Margrethe Vestager, la vicepresidenta ejecutiva en materia de política de competencia, declaraba: “Nos encontramos en una situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de coronavirus.” recordaba. “En estas circunstancias, resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales”, aseveraba. “Ellos constituiría un uso abusivo de los presupuestos nacionales y de la UE, en detrimento de los contribuyentes y de los sistemas de seguridad social. Conjuntamente con los Estados miembros, queremos asegurarnos de que esto no ocurra”, concluía Vestager.

Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, también declaraba que “la equidad y la solidaridad forman la base de los esfuerzos de recuperación de la UE y que […] quienes eluden deliberadamente las normas fiscales o comenten actividades delictivas no deben beneficiarse de los sistemas que intentan sortear”, aseveraba. “Debemos garantizar la protección de los fondos públicos para que puedan estar realmente al servicio de los contribuyentes honrados de la UE”, concluía.

Aunque, en última instancia corresponde a los Estados miembros decidir si desean conceder ayudas y establecer medidas en consonancia con las normas de la UE, la pandemia del coronavirus ha requerido esfuerzos tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión para apoyar a las economías y facilitar su recuperación. Esto incluye, por supuesto, importantes ayudas financieras para proporcionar capital y liquidez a las empresas y conservar puestos de trabajo.

Para proteger a los contribuyentes honrados, la Comisión pretenden crear excepciones a estas restricciones, cuya aplicación debería hacerse en condiciones estrictas. Este podría ser el caso de sociedades que aún manteniendo relaciones comerciales con territorios no cooperadores, demuestren haber abonado un impuesto adecuado al Estado miembro durante un determinado tiempo de su ejercicio empresarial ( los últimos tres años).

Por otra parte, también se aconseja a los Estados miembros acordar requisitos razonables para que las empresas demuestren que no tienen vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales según la lista de la UE. Estos deberán informar a la Comisión de las medidas que aplicarán en función de las recomendaciones que se esta propone. Por último, la Comisión publicará un informe sobre el impacto de estas recomendaciones en un plazo de tres años.