Mar Arnáiz, portavoz socialista de Derechos Sociales, advierte de que en España un 32% de mayores de 65 años son octogenarios, “somos el segundo país del mundo con mas esperanza de vida, contamos con 2.782.050 octogenarios que ostenta mayor vulnerabilidad y riesgo social”.
El Grupo Parlamentario Socialista del Senado pedirá al Gobierno central que acuerde, en el seno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y atención a la Dependencia, el aumento de índices de cobertura del Servicio a la Teleasistencia para potenciar dicho servicio esencial y así mejorar la calidad de vida de las personas mayores, las personas dependientes y las personas con discapacidad. Asimismo, le instará a que lleve a cabo una campaña de difusión del Servicio de Teleasistencia en todo el territorio nacional para transmitir los múltiples beneficios del mismo y para incrementar el número de usuarios y usuarias de dicho programa.
Así se ha solicitado en una moción presentada en el Registro de la Cámara que será debatida en la Comisión de Derechos Sociales, en la que su promotora, la senadora por burgos, Mar Arnáiz portavoz socialista de la citada Comisión, recuerda que la ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, regula en su artículo 22.1, el Servicio de Teleasistencia como un servicio que facilita la asistencia a las personas beneficiarias, mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento.
Arnáiz indica que este servicio público puede ser “independiente o complementaria” al de ayuda a domicilio y es “compatible” con todas las prestaciones del sistema, “excepto” con el servicio de atención residencial y con la prestación económica vinculada al mismo.
La senadora socialista explica que la Teleasistencia es una prestación que, por medio de la vía telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático especifico ubicado en un centro de atención y en el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y/o personas con discapacidad, entrar en contacto verbal -con sólo accionar el dispositivo que llevan constantemente puesto y sin molestias y a través de un sistema de “manos libres”, durante las 24 horas del día y los 365 días del año- con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la necesidad presentada, bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad.
Considera que este servicio público procura tranquilidad y seguridad tanto a las personas usuarias como a sus familias por estar atendidas las 24 horas del día, los 365 días del año y asegura que su finalidad es “mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas “para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en centros residenciales”. “Es un instrumento clave para la prevención y la promoción de la autonomía personal”, asevera.
La senadora burgalesa afirma que en España, un 32% de las personas mayores de 65 años con octogenarios, “somos el segundo país del mundo con más esperanza de vida” y, en la actualidad, “contamos con 2.782.050 octogenarios” que ostentan mayor vulnerabilidad y riesgo social".
Asimismo, apunta que, según el análisis explicativo de las estadísticas publicadas por el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fecha 30 de abril de 2020, la cifra de personas beneficiarias con prestación es de 248.279, repartidas de forma desigual entre las distintas comunidades autónomas. “Así, si en Andalucía representan el 30,39% del total de prestaciones, en Castilla-La Mancha un 19,65%; en Castilla y León un 10,10% y en Galicia un 7,92%, a pesar de que estas dos últimas son claramente comunidades que alcanzan mayor índice de envejecimiento que las dos primeras”, añade.
Según prevé la portavoz del PSOE, y comparando el numero de beneficiarios reales con el numero potencial de usuarios, es necesario “tomar medidas para ampliar el número de personas” que puedan utilizar esta prestación pública, “más, si cabe, después de la pandemia por la Covid-19, que ha obligado, debido a su vulnerabilidad, a permanecer aislados en sus domicilios a la mayoría de nuestros mayores y personas con discapacidad y/o dependencia".
Por esta razón, Arnáiz, afirma que la moción socialista tiene como objetivo “prevenir males mayores en caso de enfermedad, caídas, soledad, problemas en la vivienda, emergencias, accidentes domésticos, para actuar lo más rápido posible y asegurar su derecho a vivir dignamente en su vivienda habitual”.