En un documento, que ha denunciado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y que ha adelantado ElDiario.es, el Ministerio de Sanidad reconoce la inconsistencia de las cifras y apunta que una comunidad no ha dado cifras desde marzo ni una sola vez. Sanidad achacaría la baja calidad principalmente por dos motivos: las dificultades del sistema de notificación que impuso el mismo Ministerio el 23 de marzo y a la que califica como “una plataforma poco amigable para el registro”; y la inconsciencia de los datos presentados por los gobiernos regionales en los que se presentan, en algunos casos, “fechas incoherentes”, errores en sumas o informes “con ausencia de datos sobre causas de fallecimientos”.
En este documento recogido también por Europa Press , con un resumen de datos hasta el día 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecidos en residencias de los cuales, en 9.003 (el 33%) casos se tiene certeza de que se defunción fue causada por el COVID-19. En 9.830 mayores se habría detectado sintomatología del virus pero no se llegó a confirmar (casi el 36% del total) y al resto (el 31%) se le atribuyen ‘otras causas’. En dicho documento también se especifica que fueron 391 centros los que fueron intervenidos (5% de las residencias en España) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.
Los directores y gerentes de Servicios Sociales sostienen en su informe que hay “fechas incoherentes en el envío de las información, informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención, informes con ausencia de datos respecto de las causas de fallecimiento de residentes, errores en la suma de residentes en centros de intervenidos, discrepancia de datos evolutivos...incluso una comunidad no ha enviado los datos ni una sola vez”.
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el MoMo, el CSIC y el mismo Ministerio de Sanidad ostentan cifras muy distintas el día 4 de junio cuando se recontaban 43.160 fallecidos, de los cuales, 19.493 murieron en residencias con datos del 7 de junio. Esto supone un 71,8% de las muertes totales notificadas por Sanidad que a día de hoy, un mes más tarde, solo he han elevado a 28.388. De hecho, un dato a destacar es que el Ministerio de Sanidad ya no muestra en su portada el recuento de fallecidos por COVID-19, limitándose tan solo a hacer el global de casos detectados en España juntos con los datos aportados por la comunidad internacional y la Unión Europea.“No es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos y, en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos” , indicaba el colectivo. Según la entidad, la información sobre el número de residentes encuadrados en cada una de las categorías que establecía la orden, así como sobre el número de fallecidos debería ser registrada y proporcionada por los departamentos de sanidad de las diferentes comunidades autónomas y los criterios para el triaje deberían ser inequívocas para que pudieran ser “mínimamente fiables”.
Ministerio de Sanidad , reconoce que tanto por lo “poco amigable de la plataforma para el registro”, así como la dificultad que esta presentaba para el acceso y la “ausencia de depuración de datos”, “ha producido una información de escasa fiabilidad evidenciada en lagunas de ausencia de datos, errores en las sumas en centro intervenidos y graves discrepancias entre cifras y en los datos evolutivos. Entre ellas, la más destacada, la de fallecidos totales comparada con otras fuentes: 27.359 vs 32.843”.
ve “urgente e imprescindible” tomar medidas de carácter inmediato para prepararse para un rebrote como monitorizar los datos para implantar un Sistema de alerta temprana y seguimiento unificado para todo el Estado y advierten: “Es posible que se estén filtrando los datos, incluso manipulando, por los gobierno autonómicos, por las empresas o entidades gestoras e incluso por las direcciones de los centros”.
realizar estudios en los centros para encontrar evidencias científicas de donde se han tomado decisiones que han protegido a los residentes, además de dotar de equipos de protección individual y realizar pruebas a residentes y al personal sanitario de las residencias. También apuntan a la necesidad de medicalizar los centro de mayores para garantizar la atención primaria específica y establecer corredores sanitarios seguros.
Urge una investigación independiente de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad para esclarecer el desbarajuste de cifras de fallecidos por COVID-19 en todo el territorio nacional tanto en el caso de residentes como en el caso de la ciudadanía general. A día de hoy, las cifras aportadas por las administraciones no son creíbles ni dignas de confianza.