En una sociedad compleja y en medio de una crisis también política, aumentar la confianza ciudadana en el Parlamento requiere no solo eficacia legislativa sino que esa productividad venga acompañada de prácticas parlamentarias que mejoren y complementen la democracia representativa para avanzar hacia una democracia de participación.

Este objetivo conlleva volver a situar el Parlamento como espacio abierto, incluyente y centro de referencia de la democracia en España. Un Parlamento que se vuelca en una estrategia que promueve la información, control, deliberación y participación de la sociedad en la vida política. Un proyecto de regeneración que propiciará el acercamiento y un mayor diálogo entre representantes y representados.

Con esa idea, la Comisión para la Reconstrucción incorporó una fase de comparecencia de entidades y expertos ante los cuatro grupos de trabajo, con deliberaciones y notables aportaciones sobre los objetivos de la recuperación. También abrió un buzón electrónico para recoger propuestas. Esta dinámica es continuidad de la política de gobernanza compartida expresada por el Gobierno de coalición en las múltiples Conferencias de Presidentes y las conferencias sectoriales de los Ministerios, en especial el de Sanidad, con las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas.

Se ha constatado que, con voluntad política, existen fórmulas para plasmar la participación como un derecho fundamental que contemplan los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución. Otros ejemplos recientes los tenemos en el proceso de consulta pública que ha abierto Carmen Calvo para recoger, hasta el once de julio, aportaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática; en la fase de información pública y en las reuniones mantenidas por Teresa Ribera antes de trasladar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley sobre Cambio Climatico y Transición Energética; o en el diálogo social del Gobierno con empresarios y sindicatos para consensuar medidas por la reactivación económica.

Por otra parte, el Gobierno ha facilitado el papel imprescindible de control del Parlamento durante el estado de alarma provocado por la COVID-19. Me refiero a las sesiones de control al Presidente y al Gobierno, en general, así como al Ministro Salvador Illa por la gestión de la crisis sanitaria. El Parlamento nunca se cerró.

La participación se extiende en el Congreso al ámbito de los procesos legislativos, acordando la comparecencia ante una Comisión o Ponencia, en un periodo acotado y antes de iniciarse el plazo de enmiendas, de aquellas entidades, corporaciones públicas y privadas, organizaciones y colectivos sociales que siendo representativas, seleccionadas con rigor y desde un criterio pluralista, estén interesadas por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate una propuesta de ley.

Esto ha de producirse durante la tramitación de las leyes antes citadas. Lo mismo que con el proyecto de ley sobre la eutanasia o el relativo a la protección integral a la infancia. Las comparecencias permitirán a las entidades exponer argumentos orales y escritos, aportando criterios y reflexiones que serán enriquecedoras para que los Grupos Parlamentarios se formen un mejor criterio.

Además, el Congreso invierte en perfeccionar sus recursos tecnológicos y, en concreto, su página web. Las TIC ofrecen la posibilidad de hacer más accesible su actividad y la función legislativa a la sociedad, aumentar el nivel de transparencia y de control público así como despertar el interés y la implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ofreciendo una vía de participación online.