La UE condena la expulsión de su embajadora en Caracas y promete estudiar medidas de reciprocidad

(Foto: Europa Press)

La UE condena la expulsión de su embajadora en Caracas y promete estudiar medidas de reciprocidad

Nicolás Maduro ha exigido que la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedros, abandone el país en un plazo de 72 horas desde el pasado lunes. Una reacción a las sanciones que la UE ha impuesto contra varios altos cargos del régimen. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha rechazado esta medida y ante la respuesta de Maduro ha convocado a la embajadora de Venezuela, Claudia Salerno Caldera, ante las instituciones comunitarias.

La decisión de Nicolás Maduro se presentaba horas después de que la Unión Europea anunciara medidas contra el régimen bolivariano. El Consejo de la UE decidía incluir a once funcionarios de Venezuela en el listado de personas que habrían llevado a cabo acciones contra la democracia y el Estado de derecho del país.

Ante la respuesta venezolana, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenaba los hechos y aseguraba que se tomarán medidas de reciprocidad. Desde Europa creen que la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas tendrá como consecuencia el mayor aislamiento internacional de Venezuela, y han pedido que se revoque esta decisión. Una petición que ha sido apoyada por los Gobiernos de Colombia, Bolivia y Paraguay a través de diferentes comunicados.

En 2017, la organización europea decidió establecer medidas restrictivas contra el Gobierno venezolano y algunos de sus funcionarios, congelando sus activos y prohibiéndoles la entrada a los países miembro de la Unión. Con esta última decisión, son 36 personas las que tienen prohibido el viaje a cualquier Estado de la UE.

Entre los nuevos agregados se encuentra Luis Eduardo Parra, presidente electo de “manera ilegal”, según la UE, de la Asamblea Nacional de Venezuela acusado de atentar contra el funcionamiento democrático de esta institución. Así como otra decena de altos funcionarios entre los que se incluye el antiguo jefe del Estado Mayor y actual secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, José Adelino Ornelas Ferreira, por atentar contra los Derechos Humanos e impedir la entrada de ayuda humanitaria.

Para la UE la crisis política y económica que se vive en Venezuela solo puede afrontarse con una solución pacífica y negociada entre sus nacionales. Para ello exigen unas elecciones creíbles, el reconocimiento del papel y la independencia de las instituciones elegidas democráticamente, la liberación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Sin embargo, Nicolás Maduro considera que estas acciones son una estrategia para boicotear las elecciones parlamentarias que tendrán lugar este año. Para el mandatario la organización solo quiere evitar que los candidatos se presenten amenazándoles con sanciones. “Prepárense para pasar el trago amargo señores colonialistas, supremacistas y racistas, porque en Venezuela va a haber elecciones parlamentarias, libres, transparentes y con la participación de miles de candidatos y candidatas”, anunciaba el mandatario.

Además, Nicolás Maduro ha declarado que “se reserva las acciones diplomáticas sobre el embajador de España por su participación en la incursión armada de Macuto y su complicidad con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal del señor Leopoldo López”. Una acción que según Maduro tenía por objetivo asesinarle tanto a él como otro alto mando militar.

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