El pasado año se realizaron un total de 1.535 investigaciones policiales que han permitido detener o investigar a 1.552 personas por delitos contra los derechos de la propiedad intelectual. De los 4,97 millones de productos falsificados, 417.981 pertenecen al sector alimenticio y habrían alcanzado en un valor de 33.250.082 euros en el mercado. En el sector textil, las 470.957 falsificaciones requisadas han sido valoradas en 33.908.904 euros. Además, se requisaron 86.706 objetos por un valor de 31.053.486 euros en el sector de marroquinería y complementos.

Los datos recogido por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) reflejan que la incautación se ha producido sobre todo en las naves, fábricas y almacenes donde se crean o desde donde se distribuyen estos productos, un 29,26 por cierto de las veces. Seguido de los establecimientos de venta (12,24 por ciento de las veces) y recintos aduaneros de puertos y aeropuertos (4,18 por ciento).

Este tipo de infracciones provocan consecuencias negativas para la economía porque destruyen puestos de trabajo directos y reduce la venta de productos legales. Según un estudio de la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea publicado en 2019, este tipo de actividad delictiva supone pérdidas de ventas con valor de 6.766 millones de euros en España al año, y más de 53.467 empleo perdidos.

Las comunidades autónomas de Castilla y León y Andalucía son las que se sitúan en los puestos más elevados de la lista que toma como referencia el número de objetos intervenidos durante 2019. Desde el Gobierno han querido recalcar la importancia del esfuerzo conjunto que requiere la lucha contra las falsificaciones, así como la colaboración multisectorial y público-privada.

El director general de la OEPM ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su papel en la lucha contra las falsificaciones, y su compromiso con la publicación de los datos pese a las circunstancias en las que la pandemia ha provocado.