La privatización de los servicios de derecho público equivale al ahorro para el Estado y precariedad para el trabajador
Durante las últimas décadas en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular ha privatizado gran parte de los servicios que regula la Ley de Dependencia en nuestro país para abaratar los gastos de la gestión de esta necesidad tan básica para la supervivencia y salubridad de nuestros mayores y dependientes. Una de las empresas gestoras de estos servicios en la Comunidad de Madrid es Sacyr Social, la filial de servicios de ayuda a domicilio y gestión de residencias- entre otras actividades- de la multinacional Sacyr Global, responsable en 2015 de la concesión de obra pública en el canal de Panamá y que desde 2018 tiene un contrato con la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid adjudicado por 55,5 millones de euros para prestar servicios a casi 5.000 usuarios en el área Norte de la Comunidad, según publica la propia corporación en su página web.
Las auxiliares de ayuda a domicilio de Sacyr Social son las que hacen, en última instancia, que este mecanismo siga funcionando para proveer a nuestros mayores y dependientes las necesidades de atención y prevención básicas que, por motivos familiares o personales, sus seres queridos no pueden ofrecerles y a los que estos tienen derecho. El trabajo de las ayudantes domiciliarias supone un ahorro para el Estado, ya que, a demás de prevenir hospitalizaciones, mantienen el mayor tiempo posible a sus usuarios en el domicilio, ahorrándoles sumas importantes de dinero a las autonomías y al Estado en su conjunto. Sin embargo, son las grandes olvidadas en la ponderación de los convenios salariales que establece su profesión.
Las tablas salariales para el ejercicio de este año cifran un salario base de 984,65 euros para una jornada completa de 39 horas, mientras que la mayoría de los contratos que tienen son de entre 15 y 30 horas semanales de acuerdo con la representante de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio (en facebook), Concha Real. Con tales remuneraciones, resulta evidente el estado de precariedad en el que se encuentra este colectivo profesional que, en muchos casos, se ven obligadas a realizar horas extras mal retribuidas o compatibilizar esta con otras profesiones como la limpieza de hogares en economía sumergida, sumando eso sí, la atención de su propio hogar y familiares.
Este es el caso particular de algunas de las fuentes que se acercaron a La Hora Digital para denunciar su situación ante la pasividad de empresas, consejerías y sindicatos al respecto. Julia es una trabajadora de Sacyr Social desde hace casi dos años que sigue viviendo en sus carnes la fatiga diaria de la responsabilidad de su profesión y la insuficiencia salarial para hacer frente a los gastos más básicos que impone la vida. Julia fue contratada a finales de 2018 por un periodo de tres meses en los que cotizaba veinticinco horas, pero realizaba cada mes horas extras para poder ganar algo más. Eso sí, estas horas les son retribuidas, según su contrato, cada tres meses sin protección de la seguridad social y cotización alguna.
Desde que comenzara en la empresa, Julia siempre ha tenido este tipo de contratos de duración determinada, entre los dos y seis meses, siendo casi obligada a realizar horas extra para mantener una buena relación con sus coordinadoras. Su último contrato fue de obra y servicio con una duración indeterminada. Esto quiere decir que pueden prescindir de sus servicios de un momento a otro trastocando la reacomodación de los usuarios que, ya acostumbrado y en confianza con su asistente regular, tienen que verse forzados a realizar cambios, en ocasiones diarios, de ayudante hasta que se le asigne a una de forma más o menos permanente. En la actualidad Julia denuncia que ostenta un contrato de “sustitución” falso que firmó durante la pandemia que además, constituye una reducción considerable de horas laborales (de 25 a 15 horas cotizadas), pero que sin embargo, “no sustituye a nadie” nos asegura, ya que sus usuarios son los mismo que atendía desde hace meses.
En una situación, algo peculiar, también se encuentra Lola. Una auxiliar de ayuda a domicilio que, después de un año y medio de contratos basura, firmó un contrato indefinido con la empresa Sacyr Social S.L. En su caso, Lola tuvo una lesión en el metacarpio en la mano derecha mientras trabajaba que la mantuvo de baja durante varias semanas, pero daba la casualidad de que durante ese periodo de baja médica su contrato con la empresa se cumplía. Lola se dió de alta y se reincorporó a su actividad antes de tiempo, sin haber podido realizar una recuperación total de la lesión para que “pudieran” renovarle el contrato. Lola empezó con un contrato de 35 horas semanas que, cuando fue a firmar su actual contrato indefinido se habían convertido mágicamente en 25.
La falta de material de protección ha marcado la pandemia para las auxiliares domiciliarias
Lola nos cuenta cómo durante la etapa más dura de la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la empresa apenas les repartió el material en el momento adecuado, “con mucha escasez” nos asegura ella misma. “Es muy peliaguado, apenas hay guantes, por ejemplo”. Se queja de la falta de provisión de la empresa ante la pandemia: “Si no tienes material para suministrarme, no me mandes a trabajar”. Ahora la empresa provee a sus trabajadoras con una caja de 100 guantes para cada quince días que, nos cuenta Lola, “si haces cinco servicios a la semana, en una semana ya no tienes guantes”. Ahora ella se dedica a repartir el material a sus compañeras en ruta por el Norte de la Comunidad de Madrid dos veces al mes.
Trabajadoras como Julia, motivadas por usuarias como Laura, quien tiene a sus dos padres con grados dos y tres de dependencia por Alzheimer – y lleva esperando un año y medio a que le hagan efectiva la concesión de la Comunidad de Madrid de 21 horas más de ayuda domiciliaria que le corresponde- consultó su situación al sindicato CGT de Madrid y la respuesta que obtuvieron por su parte fue un: “Así están todas”, ha dudado, en parte por el miedo a perder su trabajo y posibles represalias con la corporación, en colaborar con nosotros para la realización de este reportaje, por eso, protegemos su verdadera identidad.
El negocio de la dependencia y sus consecuencias
Por otro lado, quisimos acercarnos a las partes opuestas en este tema: la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad madrileña– de la que ni una sola de las diez llamadas realizadas fue contestada- y Sacyr Social S.L, cuya declaración oficial cuando le preguntamos por qué su política de empresa hace que las trabajadoras tengan contratos de muy pocas horas cotizables y durante las horas extras estén desprovistas de seguridad social fue: “Sacyr Social cotiza todos los conceptos retribuidos de sus trabajadores y se ajusto con estricto vigor a lo regulado en el convenio que les es de aplicación” y que en el caso de que algún trabajador “detecte un error en sus nóminas, debe dirigirse a la empresa, a través de sus superiores o del departamento de Administración para aclarar las discrepancias que puedan surgir”. Eventualmente los responsables de comunicación alegaban que “son contratos de la Comunidad de Madrid”. Echando balones fuera.
El máximo de horas semanales, según la tabla salarial de Madrid para el colectivo de auxiliares de ayuda a domicilio datado el 1 de octubre de 2019, regula un sueldo de 374, 24 euros al mes por 15 horas cotizadas, como es el caso de Julia, cuyo contrato actual ordena dichas horas más horas extra retribuibles hasta en tres meses. Evidentemente, nadie vive con 374 euros al mes, por mucho que te paguen las horas extras acumuladas dentro de tres meses, lo cual evoca a estas profesionales a la precariedad laboral, llegando a estar en algunos casos al margen de la sociedad, sin promesas de mejorar su futuro a medio o largo plazo.
“He llegado a fin de mes con mucho esfuerzo”, nos comenta Julia cuando le preguntamos sobre la situación que vivió durante los meses más fuertes de pandemia. Antes de este contrato, para ahorrar costes con la Seguridad Social, Sacyr Social despidió a Julia de forma súbita, dejando a varios usuarios anonadados ante el cambio de rumbo de la empresa cuando ellos estaban encantados con el servicio de la auxiliar. Un día más tarde, esta se fue a dar de alta en el paro y al día siguiente Sacyr volvía a contratarla.
Cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba el 5 de noviembre de 2019 un aumento del gasto de 5.800.000 euros para el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio que gestiona Sacyr Social S.L, los trabajadores se preguntaron, ¿ y ese incremento en qué beneficios se revierten para los trabajadores y usuarios? La Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio asegura no haber recibido EPIs durante la pandemia, causando numerosas bajas por Covid-19 en el desarrollo de sus funciones. El coste del servicio es abonado en parte por la Comunidad y en parte por los usuarios, según el artículo 37 del Decreto 54/2015 de 21 de mayo de 2019. La inversión total del Ejecutivo de Madrid será de 137.795.362 euros en un plazo de dos años, pero entonces, ¿ por qué la gestión de residencias y de ayudas domiciliarias ha sido tan catastrófica durante la pandemia?
Sin embargo, ante la creciente demanda de las solicitudes enviadas de personas en situación de dependencia, El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el 28 de abril de 2020 una nueva “prorroga” a los contratos de ayuda a domicilia que desvía a las empresas Quativae Servicios Asistenciales y Sacyr Social apostando 68,9 millones de euros más de los contribuyentes. Sacyr Social se hará con 31. 769.007 euros en esta renovación de acuerdo que, sin embargo, no ha destinado a mejorar la situación laboral de sus profesionales.
La unión para el cambio
Intervención de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, en el encuentro por " La Reconstrucción...
Publicada por Plataforma Unitaria Auxiliares de Ayuda Domicilio en Domingo, 28 de junio de 2020
La Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio reclama la desatención que han sufrido por parte de las empresas privadas durante la crisis de la Covid-19 y la falta de interés de las administraciones públicas, que miran hacia otro lado. Denuncian la falta de pruebas rápidas o PCRs que han sufrido para cerciorarse de que no son “correas de transmisión” del virus para la población tan vulnerable con la que trabajan. Aseguran que no se han preocupado de su salud laboral ni la de los usuarios atendidos. “Somos mujeres pobres que cuidamos de pobres y seremos mayores igualmente pobres”, declara Concha Real, presidenta de la Plataforma.
Aunque no todas, muchas ya se han organizado mediante esta y otras Plataformas profesionales para reivindicar y pedir a los poderes políticos y administrativos que se las escuche. Las auxiliares de ayuda de domicilio piden una reforma estructural para la construcción del sistema de cuidados actual y ser parte activa en el proceso. Sus propuestas pasan por dotar a la Ley 39/2006 del 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia una partida presupuestaria propia en los Presupuestos Generales del Estado, garantizando el cumplimiento de dicha ley y que el Estado financie al 50% a las Comunidades Autónomas. Reclaman protección por parte de la Constitución Española a través de la Ley de Dependencia para que se las reconozca como cuarto pilar del Estado de Bienestar y que se incluya en el Real Decreto 1299/2006 en el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, las enfermedades específicas de su trabajo entre otras propuestas.
Un trato más que justo para que administraciones y empresas privadas tengan en cuenta a la hora de considerar su profesión- reconocida en el marco europeo de Personal Socio Sanitario- como indispensable para el funcionamiento del sistema de bienestar. Protegerlas a ellas, las cuidadoras de nuestros mayores y dependientes, es cuidarlos a ellos también. Procurar su salud es procurar la de los nuestros. Reconocer el valor de la profesión de ayudantes a domicilio es más que necesario en nuestros días si queremos progresar como sociedad unida en el cuidado de los más vulnerables para que nadie se quede atrás.
Nota para el lector: los nombres de las trabajadoras que aparecen en este reportaje son ficticios de acuerdo con el principio de privacidad que respeta este periódico para salvaguardar su imagen y sus puestos de trabajo. Todas las fuentes externas con los que se ha elaborado este reportaje han sido contrastadas.