Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, establecían tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas. Además, incluían una habilitación para la ejecución de las ofertas de empleo público derivadas de esos procesos de estabilización que vencían en 2020.

La no adopción de esta medida urgente impediría la ejecución de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas aprobadas. Una situación que se sumaría a la necesidad de estabilización del empleo temporal en todas las administraciones públicas y a la frustración de aquellos aspirantes que fueran a participar en esos procedimientos que no podrían convocarse de otra forma.

La puesta en marcha de estos procesos implica el empleo de importantes recursos personales y materiales y su desarrollo a lo largo de un amplio periodo de tiempo. La complejidad de su desarrollo se ha visto afectada por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19. La suspensión de los plazos administrativos y las propias medidas de contención no solo han afectado a la ejecución de los procesos ya iniciados, sino también a la posibilidad de convocar otros nuevos.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ya informó de esta urgente y necesaria medida en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado el pasado 4 de junio. Este fue uno de los asuntos abordados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada el 11 de junio. Una reunión que se enmarca en el compromiso de las administraciones públicas para mejorar el empleo público y reducir la temporalidad.

El BOE ya ha publicado el Real Decreto-Ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otro ámbitos para la reactivación económica. En él, entre otras medidas, se recoge la ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización temporal.