Francisco Fernández Marugán ha comparecido en el Pleno del Congreso para explicar su gestión como Defensor del Pueblo en los últimos dos años. Marugán está "en funciones" ya que aún no se ha abordado la renovación de su puesto por falta de consenso político. Pero este jueves, en la Cámara Baja ha alertado de todos los problemas estructurales que arrastra nuestro país. Ha destacado la violencia de género, el difícil acceso a la vivienda de los jóvenes o el envejecimiento de la población. Se trata de problemas que se repiten durante 2018 y 2019 y que aún no se han resuelto. Además, avisa que hay cuestiones que afectan a derechos fundamentales cuya defensa corresponde a la Institución y asuntos de gran incidencia social.
El Defensor del Pueblo ha señalado durante su intervención en el Congreso que desde 2003 más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en España, y que casi cuarenta hijos e hijas han fallecido a manos de su progenitor. Francisco Fernández Marugán ha aprovechado la ocasión para condenar el último crimen machista, que se ha cobrado la vida de una mujer y sus dos hijos en Úbeda, Jaén.
La Institución ha expresado la necesidad de mejorar las herramientas de detección del riesgo y la coordinación con los servicios sociales, con los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad. Además, ha denunciado que “la violencia de género constituye el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España”.
Entre las principales preocupaciones del Defensor aparece la enorme dificultad para acceder a una vivienda, sobre todo los más jóvenes y las familias con menores ingresos. Fernández Marugán ha manifestado que “en materia de vivienda estamos ante una cuestión de desigualdad que afecta a los más débiles, y para apoyarles el Defensor del Pueblo defiende la inversión pública por parte de las distintas administraciones y la conveniencia de construir parques públicos de viviendas”.
Una de las principales consecuencias de esta problemática es el shock demográfico que se vive en España. En el país, el 20% de la población está representado por personas mayores de 65 años. “Estamos inmersos en un claro proceso de envejecimiento del envejecimiento”, ha señalado, y esto se debe a la caída de la natalidad. La precariedad laboral, los altos precios de la vivienda y su impacto en la emancipación tardía son algunos de los motivos del saldo negativo de la población, que solo se ve compensado por un saldo migratorio positivo.
Durante su intervención, el Defensor ha expuesto los distintos problemas detectados en la atención residencial para personas mayores. Fernández Marugán ha alertado de la falta de medios y personal en los centros, que le han llevado a pedir “reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo”. Unas carencias que se han hecho manifiestas debido a la pandemia del coronavirus. El Defensor ha advertido que “la amenaza para la salud pública permanece” porque “hemos resistido, pero todavía no hemos vencido”.
La necesidad de un Pacto por la Educación ha sido otro de los puntos que se han tratado. El Defensor ha declarado que “es hora de que las coincidencias primen sobre los desacuerdos y de que entre todos dotemos a nuestro sistema educativo de la estabilidad que necesita”. Para Fernández Durán, el principal reto al que se tiene que hacer frente es la inclusión social, y ha pedido a las administraciones que trabajen para evitar la pobreza educativa.
El cambio climático es otra de las preocupaciones del Defensor, que ha mostrado su malestar ante las consecuencias y catastróficos efectos que en España se han manifestado en forma de gotas frías e incendios forestales. Ante la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, ha instado a una planificación territorial adecuada para evitar las peores consecuencias.