La primera en reaccionar ha sido la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien ha sostenido que es el Ejecutivo quien se niega a vislumbrar el ERTE como otra herramienta que no sea de fuerza mayor: "Hemos debatido durante cuatro horas, pero no ha habido ningún punto de encuentro ni propuesta alternativa por parte del Gobierno".

Pese a esto, Vicente ha señalado que "existe disponibilidad" en los agentes sociales a seguir negociando "si el Ejecutivo les presenta una propuesta en esa línea o en otra diferente".

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo habría previsto un ERTE parcial, y no de fuerza mayor total como piden sindicatos y patronal, algo que ya habría propuesto el pasado lunes y que no tuvo buena acogida entre los agentes sociales, pese a que desde el Gobierno se insiste en que no se puede dar completo sin estar vigente el estado de alarma.

Aunque esto supone un obstáculo en el camino, el Ejecutivo confía en que se llegue a un acuerdo, mientras que Vicente pone en valor el trabajo de la Comisión de Seguimiento sobre los ERTE, que "ha hecho su trabajo, el de intentar buscar consensos, pero si este no se consigue, será entonces el Gobierno el que tenga que decidir en qué condiciones quiere prorrogarlos".

Ya informamos el pasado lunes de la reunión que mantuvieron Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, que acabó también sin acuerdo. Al parecer, la opción más viable en aquel encuentro era el de mantener los ERTE hasta el 30 de septiembre, pero con una rebaja en las exoneraciones empresariales actualmente existentes y la extensión de la penalización de los despidos por causas objetivas y del Plan "Mecuida".

¿Qué proponen los agentes sociales?

Los agentes sociales piden mantener el Real Decreto de 8 de mayo: "Se trata de medidas que han demostrado su eficacia y adecuación para dar respuesta al impacto económico y social generado por la crisis sanitaria del Covid-19 en orden a salvaguardar el empleo, a proteger a las personas trabajadoras y a dotar de instrumentos a las empresas para una gestión dinámica de la crisis".

"La nueva normalidad requiere igualmente de medidas laborales y de seguridad social que permitan transitar a empresas y personas trabajadoras con garantías de certeza y seguridad jurídica", apuntan.