El Gobierno reanuda la obligatoria renovación de importantes órganos constitucionales

El Gobierno reanuda la obligatoria renovación de importantes órganos constitucionales

Con la Fase de la Desescalada del coronavirus en su recta final y la activación de la actividad de las instituciones, el Gobierno de Pedro Sánchez, volverá a acometer la necesaria y obligada renovación de órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE. Algunos de ellos precisan de mayorías cualificadas que hacen necesario el consenso con el Partido Popular, pero la escalada en la tensión política no hará fácil si quiera sentarse en una misma mesa. Hace unos días, la vicepresidenta Carmen Calvo instaba al PP a dialogar lo que considera una “obligación, porque de lo contrario estamos incumpliendo la Constitución”.

Unas veces por las repeticiones electorales, otras por la falta de consenso y otras por la paralización de las instituciones por el Estado de Alarma por culpa de la pandemia. Muchas son ya las ocasiones en las que los partidos políticos han aplazado algo que ya no puede esperar más: la renovación de importantes órganos constitucionales como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El pasado 2 de junio, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, instaba al Partido Popular en el Senado a sentarse en la mesa para llegar a acuerdos que permitan lograr las mayorías cualificadas necesarias. Calvo insiste en que es una “obligación” abordar estos temas ya que de lo contrario “estamos incumpliendo la Constitución, la cual establece unos plazos para la renovación que han sido ampliamente superados como el CGPJ, el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE”. Todos ellos se deben someter a votación en el Congreso de los Diputados y necesitan mayorías cualificadas de tres quintos de la cámara (210 votos) o de dos tercios (233 votos de 350).

El Ejecutivo ha reanudado su intención de llegar a acuerdos que renueven estos órganos con la propuesta de las personas para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La semana pasada Europa Press adelantó que el gobierno propondrá a la jurista Cani Fernández para presidir el CNMC y en sustitución de Marín Quemada. Esta propuesta ya ha pasado por el Consejo de Ministros y ahora se encuentra en la Mesa del Congreso. Además de la presidenta, hay que sustituir a otros cuatro miembros del Consejo que ya han agotado su mandato. Se trata de la vicepresidenta, María Fernández y tres vocales, Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart. Todos ellos se mantienen de manera interina desde el pasado mes de septiembre de 2019.

La CMNC está compuesta por diez miembros que tienen un mandato improrrogable de seis años. Entre ellos hay un presidente y un vicepresidente. Son nombrados aquellos que son propuestos por el ministro o ministra de Economía y deben comparecer en la Comisión de Economía del Congreso. Ahí, se pude vetar su nombramiento por mayoría absoluta, de lo contrario son aceptados para el puesto.

En este caso, por tanto, el Ejecutivo no necesita acuerdo alguno con el PP por lo que la propuesta de nombres ha sentado mal en el seno de los populares. A través de su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo acusan a los de Sánchez de “someter” las instituciones.

Más complicada resulta la renovación de las instituciones judiciales como el CGPJ o el Tribunal Supremo. En el caso del órgano de gobierno de los jueces, estuvo a punto de cerrarse un acuerdo, pero el famoso mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus senadores en el que se alegraba de poder controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “por detrás”, hizo saltar todo por los aires. Y la renovación sigue parada más de medio año después. Sin embargo, esta interinidad no ha sido obstáculo para asignar jueces de más de medio centenar de juzgados y salas y otros puestos relevantes como la presidencia de la Audiencia Nacional.

Para renovar a los miembros del Consejo es necesaria una mayoría cualificada de 210 votos del Congreso. El CGPJ está compuesto por 20 miembros, 10 elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado. Y ahora tiene mayoría de jueces conservadores. Una nueva elección haría cambiar ese equilibrio de fuerzas, algo a lo que el PP no quiere renunciar ya que en estos tiempos convulsos la política también se ejerce desde la judicatura. El propio presidente, Carlos Lesmes, asumió el pasado mes de septiembre que la situación supone “una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces".

El Tribunal Constitucional se encuentra en una situación parecida. El PP no quiere perder la influencia de los jueces conservadores en este alto tribunal, sobre todo, viendo los asuntos que tiene que resolver en breve como el recurso de los políticos del procès o los presentados contra el decreto del Estado de Alarma. Actualmente, siete de sus miembros son a propuesta del PP y 5 del PSOE. Eso cambiaría con la renovación para adaptarse a las actuales mayorías parlamentarias.

Pero Pablo Casado siempre que puede deja claro que no cuenten con ellos para renovar las instituciones judiciales. La última ocasión ha sido en el Congreso cuando dijo ‘no’ a apoyar el Real Decreto Ley del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia en el ámbito judicial. Cuando parecía que sí había acuerdo, ya que la propuesta había sido consensuada, finalmente el presidente de los populares se negó a llegar a acuerdo alguno.

La lista de instituciones que necesitan su renovación es larga y hay que añadir aquí también la elección del Defensor del Pueblo, que debe ser refrendado por 210 votos en la cámara baja. Para este puesto, los socialistas pensaron en Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, pero cada semana que pasa esta posibilidad va perdiendo fuerza.

En similar situación se encuentra la renovación del Consejo de Administración de RTVE donde la presidenta, Rosa María Mateo, ocupa el puesto de forma interina desde hace más de un año. En 2018, el Ejecutivo de Sánchez propuso la designación a través de un Concurso Público que no ha contado con el apoyo suficiente.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acometió la elección de la presidencia el pasado mes de febrero tras la llegada al Consejo de Ministros de su último presidente, José Luis Escrivá. Para esta institución sí se llegó a un acuerdo en la Comisión de Hacienda del Congreso. El pasado 4 de marzo, el BOE publicó el nombramiento de Cristina Herrero, tras su comparecencia en la cámara baja donde logró una inusitada unanimidad. Se trata de una excepción entre tanto obstáculo para renovar las instituciones.

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