Cuatro fiscales del Supremo asumen la investigación por blanqueo de dinero y delitos fiscales contra el rey emérito, que solo podría ser imputado por hechos posteriores a su abdicación en junio de 2014, asimismo se investiga si don Juan Carlos cometió blanqueo y delito fiscal por las comisiones del AVE a La Meca.

Tras conocerse este pasado lunes 8 de junio la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de asumir las investigaciones de este caso, varias formaciones políticas del Congreso (ERC, PNV, Bildu, Junts, La CUP, BNG, Compromis y Más País), han iniciado conversaciones para volver a presentar en el Congreso una nueva solicitud de creación de una comisión de investigación para dilucidar el asunto.

Esta investigación, se centraría en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey dejó de esta protegido por la inviolabilidad que el articulo de la Constitución 56.3 reconoce al Jefe del Estado Español.

Estas formaciones reúnen a independentistas y nacionalistas del Congreso, junto con Más País e intentan que el Congreso abra una comisión de investigación sobre las supuestas comisiones de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE a La Meca que fueron destinadas a cuentas atribuidas al Rey Emérito Don Juan Carlos de Borbón, esta solicitud, por ahora, la mesa de la Cámara la rechaza.

Los grupos parlamentarios que piden nuevamente una comisión de investigación afirman desde hace ya un tiempo que existe la necesidad de "depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas, y evitar que se puedan cometer actuaciones ilegales y/o ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan".

En dicha petición, el pasado mes de marzo también hacían referencia a las ultimas decisiones del Rey actual Felipe VI: "Los escándalos encadenados que sean ido revelando en la prensa han tenido su culmen la semana en la que el Gobierno se ha visto forzado a decretar el estado de alarma para mitigar la crisis del Covid-19, pues el domingo, 15 de marzo el actual jefe del Estado comunicó la renuncia a la supuesta herencia de su padre proveniente de cualquier fondo irregular".

Hasta este momento, el órgano de gobierno que encabeza Meritxell Batet, con los votos de PP, PSOE y Vox, ha vetado todas las tentativas anteriores, siguiendo el criterio de los servicios de justicia de la Cámara sobre la inviolabilidad de la Corona que establece en la Constitución Española. Por su parte, Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de España, vota a favor de tramitar dicha petición.